Córdoba puso en marcha un nuevo régimen de promoción industrial que permite acceder a exenciones impositivas del 100% durante 10 años y, en determinados casos, hasta 15 años. La Ley 11.160, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial, vincula los beneficios con proyectos de inversión, incorporación de tecnología y radicación de empresas.
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La iniciativa impulsada por el gobierno de Martín Llaryora busca favorecer tanto la llegada de nuevas industrias como la ampliación de las que ya funcionan en la provincia. El esquema incluye incentivos tributarios, estímulos para la capacitación de trabajadores y la posibilidad de instrumentar financiamiento para proyectos productivos.
Los beneficios no son automáticos ni alcanzan de manera general a toda la actividad de una empresa: su aplicación depende del régimen correspondiente, la aprobación de los proyectos y el cumplimiento de las condiciones previstas.
Un régimen simplificado para industrias de menor escala
Una de las principales novedades es el Régimen de Promoción Industrial Simplificado, destinado a empresas cuya facturación anual total no supere los $4.500 millones. Las firmas que cumplan los requisitos podrán obtener una exención del 100% en Ingresos Brutos sobre sus actividades industriales promovidas.
Para ingresar, deberán realizar inversiones en activos fijos vinculados con la producción en establecimientos de Córdoba. El mínimo exigido será equivalente al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos de las actividades industriales desarrolladas en la provincia durante el ejercicio anterior.
La exención podrá otorgarse inicialmente de manera provisoria y convertirse en definitiva una vez que la empresa acredite la inversión comprometida. El mecanismo apunta a facilitar que industrias de menor escala destinen recursos a maquinaria, equipamiento y capacidad productiva.
Qué impuestos podrán quedar exentos durante diez años
El régimen general comprende proyectos de inversión en activos fijos, iniciativas de Industria 4.0 y radicación en parques industriales. Para los proyectos aprobados, la ley contempla los siguientes beneficios:
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Ingresos Brutos: exención del 100% durante diez años sobre los ingresos de las actividades promovidas.
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Sellos: exención del 100% durante diez años para actos, contratos e instrumentos vinculados con la ejecución y el desarrollo de esas actividades.
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Inmobiliario: exención del 100% durante diez años sobre los inmuebles afectados exclusivamente a la actividad industrial promovida.
Además, prevé una asignación estímulo para capacitación durante un año por cada nuevo trabajador incorporado, equivalente al salario mínimo, vital y móvil. La contratación deberá ser a jornada completa y por tiempo indeterminado, con cumplimiento de las condiciones del régimen.
En qué casos las exenciones llegarán a quince años
La normativa establece beneficios de hasta quince años para proyectos localizados en el noroeste y el sur provincial, así como para la radicación de empresas en parques industriales. La extensión comprende las exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.
En el noroeste, el alcance incluye a los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de determinadas pedanías de Río Primero. En el sur, abarca a Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.
Para las empresas categorizadas como pymes que reúnan las condiciones, este esquema también contempla un estímulo económico para la capacitación de nuevos trabajadores durante dos años. El objetivo provincial es orientar inversiones hacia el interior y ampliar la distribución territorial de la actividad industrial.
Cuánto deberán invertir las empresas
El régimen general establece requisitos diferenciados según el tamaño de cada firma. Los proyectos podrán acceder mediante el incremento de sus activos fijos en los porcentajes exigidos o a través de los montos mínimos de inversión previstos.
| Categoría | Monto mínimo de inversión |
|---|---|
| Microempresa | $80 millones |
| Pequeña empresa | $450 millones |
| Mediana, tramo I | $3.000 millones |
| Mediana, tramo II | $7.500 millones |
| Gran empresa | $18.000 millones |
En la alternativa de incremento de activos fijos, la exigencia será del 10% para las microempresas y del 20% para las demás categorías. Los montos mínimos se actualizarán anualmente según el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba.
Tecnología, financiamiento y control de los compromisos
La ley incorpora un capítulo de Industria 4.0 destinado a mipymes, con proyectos de modernización que incluyan inteligencia artificial, tecnologías digitales, grandes bases de datos, fabricación aditiva y nuevos sistemas o equipamiento. También comprende iniciativas para desarrollar productos innovadores y mejorar la competitividad.
En materia financiera, el Ejecutivo podrá acordar con el Banco de la Provincia de Córdoba líneas de crédito con tasas preferenciales o subsidiadas. Se trata de una herramienta contemplada por la normativa, cuya implementación dependerá de los acuerdos que se establezcan.
El régimen incluye mecanismos de seguimiento para verificar las inversiones y los compromisos de las empresas. Además, el Gobierno deberá presentar un informe anual ante la Legislatura con las inversiones comprometidas y realizadas, los empleos creados y sostenidos, la distribución territorial y los beneficios fiscales otorgados.
La legislación también prevé una transición para las firmas que ya cuentan con incentivos de regímenes anteriores. Con el nuevo esquema, la Provincia busca combinar alivio tributario, inversión productiva y modernización industrial, con resultados que deberán reflejarse en los informes de ejecución.
