El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y establece un nuevo régimen para intervenir inmuebles utilizados como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito, además de aquellos que, por su estado de abandono y deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública.
La norma declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles vinculados a actividades delictivas, con el objetivo de impedir que continúen siendo utilizados para la comisión de delitos. Esto ocurre mientras el mandatario provincial sigue invirtiendo en seguridad, al incorporar ocho nuevos sectores del oeste de la ciudad de Córdoba al programa Cordobeses en Alerta.
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Qué medidas prevé la nueva ley
La legislación contempla distintas herramientas de carácter preventivo para intervenir estos espacios, entre ellas el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva.
Las medidas tendrán un plazo inicial de hasta seis meses, con posibilidad de prórroga cuando persistan las condiciones que motivaron la intervención.
Además, la ley aclara que el simple abandono de un inmueble no será motivo suficiente para la actuación del Estado, sino que deberá existir un riesgo concreto para la seguridad o indicios de su utilización para actividades ilícitas.
También establece que aquellos casos en los que exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos de posesión o la necesidad de adoptar medidas más profundas deberán tramitarse por la vía judicial.
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Más herramientas para combatir el narcotráfico
La Ley Antibúnker incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067, permitiendo que los fiscales especializados soliciten a la Justicia medidas para hacer cesar el funcionamiento de búnkeres utilizados para el narcomenudeo.
Entre las acciones previstas se encuentran la clausura del inmueble, el aseguramiento de la propiedad, la exclusión de las personas vinculadas a la actividad ilícita y, de manera excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras, siempre mediante una resolución judicial fundada y respetando las garantías del debido proceso.
Crean una unidad para coordinar las intervenciones
La norma también dispone la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales.
El objetivo será planificar, ejecutar y monitorear las intervenciones sobre los inmuebles alcanzados por la ley.
El destino de los bienes decomisados
Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es el destino que tendrán los bienes y recursos recuperados en causas vinculadas al narcotráfico.
Según establece la norma, el 60 % del dinero obtenido por la venta de bienes decomisados será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40 % restante financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
Además, los vehículos y otros bienes secuestrados podrán ser asignados judicialmente a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para reforzar las tareas operativas.
