La situación de Maximiliano Peralta Britos expone un conflicto crítico en el acceso a la salud. Tras haber sido operado por un tumor cerebral en Córdoba, el paciente enfrenta desde hace dos meses la interrupción de su tratamiento de quimioterapia.
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El problema radica en que la obra social Unión del Personal Civil de la Nación no garantiza la cobertura de los medicamentos, pese a que existen dos resoluciones judiciales que ordenan cumplir con la prestación.
“Estoy teniendo problemas contra Unión del Personal, pero sigue pasando el tiempo y no me están dando los remedios”, expresó el paciente, que atraviesa esta situación acompañado por su familia.
El tratamiento, que se realiza en el Sanatorio Allende, fue ratificado por la Justicia federal con un plazo máximo de 72 horas para su cumplimiento. Sin embargo, la cobertura aún no se efectivizó.
La abogada del caso, Marta Lastra, cuestionó la actitud de algunas prestadoras de salud: advirtió que muchas veces no cumplen hasta enfrentar sanciones económicas.
La interrupción del tratamiento ya provocó un retroceso en el cuadro de salud del paciente, con un deterioro progresivo en su visión, lo que agrava la urgencia de una solución.
El caso vuelve a poner en foco las demoras en el cumplimiento de fallos judiciales vinculados a tratamientos médicos y el impacto directo que tienen en la vida de los pacientes.
