Padres de alumnos de la Escuela número 1 presentaron un recurso de amparo para que se desaloje a quienes ocupan ilegalmente el edificio de ese establecimiento, impidiendo el normal dictado de clases por parte de aquellos docentes que no están adheridos a la medida de fuerza. En la medida cautelar requerida se solicita además que el juez mande a identificar a quienes llevan adelante la toma, para aplicar multas económicas por cada día que transcurra sin deponer la medida, sin perjuicio de utilizar la fuerza pública para el desalojo.

La presentación, con el asesoramiento legal del abogado Jorge Echelini y formulada ante el Juzgado de Ejecución 3, del juez Alejo Trillo Quiroga, apunta a restablecer el respeto a una serie de derechos consagrados por la Constitución Nacional y sus leyes derivadas, a partir de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

La ocupación de la Escuela número 1 es llevada adelante desde el jueves 26 de septiembre, por parte de un grupo de personas que aducen ser alumnos del Instituto Superior 802, quienes ocuparon el edificio “por tiempo indeterminado en apoyo solidario con el conflicto que sostiene la ATECH, impidiendo y así ha sido manifestado, el dictado de las clases por parte de los docentes que concurren a  la escuela, tanto para el Instituto Superior Docente (que funciona dentro de dicho establecimiento) como para la Escuela N°1 de educación primaria”.

El recursos sostiene que al impedir el ingreso de docentes y alumnos, “no sólo se comete un delito (lo que en esta Provincia se está volviendo una costumbre sin erradicar), sino que se impide el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la educación consagrado en el art.14, a través de la libertad garantizada a los ciudadanos de enseñar y aprender”.

“No existe tratado de derecho constitucional o jurisprudencia alguna que justifique tamaña violación –añade el amparo-, arrogándose los partícipes la decisión de indicar quién puede ingresar o no al establecimiento público de enseñanza y cuándo dictar clases, derecho que vuestra señoría está llamado a garantizar”.

Entre las medidas solicitadas, además de la desocupación inmediata de la escuela, “impidiendo todo tipo de acto que impida (sic) el libre ejercicio del derecho de enseñar y de  aprender, con sanción sobre las personas que fueren identificadas en caso de insistir en su violación, que se representa en multas graduales por cada día en que éstas continúen con la ocupación del espacio. Lo expuesto sin perjuicio de la desocupación por medio de la fuerza pública”. 

Fuente: ADN Sur