Los uniformados actuaron tras la orden de allanamiento emanada del Juzgado Federal Penal 2 de Rawson, a cargo del doctor Gustavo Lleral, tras recepcionar una denuncia anónima que derivó en una investigación llevada a cargo por la fuerza.

La Prefectura llegó acompañada por personal de la Dirección Nacional de Migraciones, del Municipio y Provincia, de las áreas correspondientes.
El allanamiento se realizó en Bolívar 17 desde pasada la medianoche y hasta altas horas de la madrugada, con personal de la Delegación de Investigación e Inteligencia Criminal de la PNA, la Dirección Nacional de Migraciones, de la Oficina de Tráfico y Trata de Personas, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de Inspecciones del Municipio.

⚠MUJERES DOMINICANAS⚠
En el lugar, además de algunos parroquianos, se hallaron ocho mujeres de nacionalidad dominicana y se comprobó que se expendían bebidas alcohólicas, por lo que se procedió al secuestro de elementos probatorios y a clausurar el lugar, que a simple vista parecía un domicilio particular, mientras que Migraciones comprobó la situación legal de permanencia en el país de las mujeres. En ese sentido, la Dirección Nacional de Migraciones comprobó que las mujeres estaban documentadas, algunas con residencia permanente y otras transitoria.

La Prefectura Naval Argentina sustanció las actuaciones, que se extendieron a lo largo de toda la madrugada, dando por terminado el procedimiento sobre las siete de la mañana, elevando lo actuado al Juzgado Federal Penal 2, que lleva adelante el doctor Lleral, y se espera se dé a conocer si hay imputados o detenidos por el delito de trata de personas.

Cabe señalar que los investigadores suponen que es un «privado» nuevo en la ciudad, y se sospecha que son varios los establecimientos clandestinos recientes que se han instalado en distintos puntos de la ciudad.

⚠¿Qué es la Trata de Personas?⚠
Es el proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países.

La Ley 26842 establece que el consentimiento dado por la víctima de trata no implica que se le quite la responsabilidad penal, civil o administrativa a los autores, partícipes cooperadores o instigadores de este delito.