El Gobierno español prepara nuevas condiciones para autorizar la conexión de centros de datos de gran capacidad a la red eléctrica. La propuesta busca aprovechar las inversiones vinculadas con el crecimiento de la inteligencia artificial, pero sin trasladar a los usuarios residenciales los costos derivados de una mayor generación, la ampliación de las redes o el uso de fuentes de respaldo.
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Las instalaciones afectadas tendrán que cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico mediante sistemas propios de generación renovable o contratos de compra de energía, conocidos como PPA, vinculados con proyectos ubicados en España. Las plantas asociadas deberán ser nuevas: su puesta en funcionamiento no podrá superar en más de 18 meses la fecha de inicio de operaciones del centro de datos.
El requisito horario genera objeciones
El punto más discutido del borrador establece que, durante cada hora del día, un mínimo del 80% de la electricidad utilizada deberá coincidir con energía renovable producida en ese mismo período. La condición representa una dificultad para establecimientos que funcionan de manera continua, debido a la variación de la generación solar y eólica. Empresas tecnológicas, eléctricas e inversores advirtieron que la exigencia podría encarecer varios proyectos y volver inviables algunas iniciativas.
La cantidad de solicitudes también superó las previsiones oficiales. Red Eléctrica concedió más de 6 GW de capacidad de acceso en la red de transporte, mientras que desde 2020 se otorgaron alrededor de otros 6 GW en distribución. El total rondaba los 12 GW, frente a una demanda estimada de entre 3,5 y 4 GW para 2030 por la Estrategia de Inteligencia Artificial. En algunos meses, el consumo de la infraestructura informática registró aumentos interanuales superiores al 75%.
Inversiones millonarias y presión sobre la red
El Ejecutivo intenta evitar que la expansión descontrolada de estas instalaciones obligue a construir más redes, centrales y sistemas de respaldo financiados parcialmente por el resto de los consumidores. El propio borrador advertía que un incremento de la demanda podría elevar el uso del gas como tecnología marginal y repercutir sobre el precio general de la electricidad, un efecto que ya generó cuestionamientos en zonas de Estados Unidos con alta concentración de centros de datos.
La patronal SpainDC calculó que el sector podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros hasta 2030, aunque expresó reparos sobre el criterio de correspondencia renovable hora por hora. Tras recibir alegaciones de la industria, el Gobierno evaluaba flexibilizar algunos aspectos de la norma, pero mantenía como prioridad la protección de la red eléctrica y de las tarifas de los hogares.
