Luego de la visita de Javier Milei a Chile, autoridades de la ciudad trasandina de Punta Arenas y del gobierno británico de las Islas Malvinas avanzan en las negociaciones finales para inaugurar una ruta marítima de comercio bilateral a partir de noviembre de 2026, según el periódico chileno El Mercurio.
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La conexión conectará el territorio insular con la Región de Magallanes, acortando a la mitad la distancia marítima actual de 2.000 kilómetros que el archipiélago mantiene con el puerto de Montevideo.
El acuerdo, impulsado por el alcalde magallánico Claudio Radonich y la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), busca dinamizar el intercambio de insumos y alimentos hacia Puerto Argentino por un poder de compra estimado en US$ 20 millones anuales.
Fricciones soberanas en Magallanes, el Decreto 256 y la estrategia comercial
El proyecto de conectividad marítima reflota disputas latentes en torno a la navegación en el Atlántico Sur y contraviene las restricciones operativas impuestas por la normativa argentina para las embarcaciones que operan en las islas.
En relación con los precedentes de tensión diplomática, la iniciativa coincide con reclamos chilenos por recientes declaraciones de mandos militares argentinos. Entre ellos, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde, y el jefe del Servicio de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, quienes atribuyeron soberanía a la Argentina sobre la boca del Estrecho de Magallanes. A esto se sumó la nota de protesta enviada por Buenos Aires en julio por la recalada en Punta Arenas del patrullero británico HMS Medway, y la advertencia pública emitida por seis excomandantes en jefe chilenos señalando que es “difícil construir una relación de plena confianza” mientras persistan posturas contrapuestas a los tratados vigentes.
En cuanto al choque con el Decreto 256/2010 de Argentina, la nueva traza enfrenta las regulaciones de Buenos Aires que exigen autorización previa de las autoridades nacionales a todo buque que navegue entre puertos continentales argentinos y las Malvinas. Sin embargo, desde el sector chileno argumentan que el servicio estará exento de la prohibición del Mercosur de 2011 —que prohíbe la recalada de naves con bandera de las islas— al utilizar un navío con matrícula alternativa.
Sobre los acuerdos contractuales y la rueda de negocios, la FIDC cerró un contrato con la firma chilena Eastern Island Shipping —que actualmente cubre la ruta hacia la Isla de Pascua—. Para consolidar la oferta de productos chilenos, los días 28 y 29 de septiembre llegará a Punta Arenas una comitiva comercial isleña integrada por la subdirectora de la Corporación, Louise Ellis, y Mike Summers, representante de la Cámara de Comercio de las islas.
En relación con la oferta exportable proyectada, el abastecimiento desde Chile hacia las islas contemplará el envío de:
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Alimentos frescos (frutas y verduras)
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Vinos y productos agroindustriales
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Materiales de construcción y repuestos industriales
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Gas licuado de petróleo (GLP)
Riesgo de escalada diplomática en el Atlántico Sur
La reactivación del comercio marítimo entre el sur chileno y el archipiélago plantea un nuevo desafío para las administraciones de ambos países en materia de control del espacio marítimo.
Mientras desde la Región de Magallanes defienden el impacto económico de la ruta para recuperar pérdidas estimadas en US$ 300 millones, la implementación del servicio promete reavivar el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos del Mercosur y los permisos de tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina.
