El senador y ex candidato a presidente Flávio Bolsonaro, vive su día más complicado luego de que en el día de ayer la Justicia haya emitido una orden de prohibición para salir del país, en la causa que lo investiga por malversación de fondos en la realización de una película documental sobre su padre Jair Bolsonaro.
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En las últimas horas hay fuerte especulación alrededor de una posible fuga hacia Estados Unidos, y si bien la información aún no está confirmada, distintos medios aseguran que ya no se encuentra en el Brasil y está en un avión hacia el país del norte.
Según los medios Metropoles, CNN Brasil y Folha, que citan a personas del círculo cercano de Bolsonaro, el senador abandonó el país junto a su esposa y sus dos hijas y su destino final sería Florida.
Allí también está su hermano Eduardo Bolsonaro, quien también es buscado por la Justicia Brasilera, por lo cual no faltan antecedentes en la familia del ex presidente.
La Policía Federal de Brasil había cancelado los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas que le había fijado la justicia, informó este martes una fuente policial a la agencia de noticias AFP.
Fundamentos de la medida judicial y el trasfondo de las causas en el STF
La orden judicial se dictó en el expediente que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión de divisas operada mediante plataformas de apuestas y firmas financieras vinculadas al abogado Willer Tomaz, en la cual se indagan cuentas bancarias e ingresos sospechosos. Además del decomiso del pasaporte ordinario y diplomático en un plazo de 24 horas, el STF le prohibió al senador mantener contacto con Tomaz. La decisión reservada evaluó también el riesgo de fuga tras declaraciones públicas de su hermano, Eduardo Bolsonaro —radicado en Estados Unidos y con orden de detención firme—, quien sugirió semanas atrás que el candidato debía salir del país en caso de un resultado adverso.
En paralelo, Flávio Bolsonaro enfrenta una segunda causa a cargo del juez André Mendonça, orientada a determinar presuntas irregularidades en el financiamiento privado del documental Dark Horse a través del exbanquero Daniel Vorcaro. Frente a las acusaciones, el senador negó cualquier delito, calificó la medida como un acto de persecución política e intimidación, y confirmó que acatará la entrega de los documentos mientras ejercerá su defensa judicial.
