El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para reclamar una intervención de la Cancillería frente al anuncio de una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La organización fijó un plazo de 72 horas para que el funcionario adopte medidas y acredite las acciones realizadas.
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El planteo surgió después de que el 3 de septiembre se conociera un acuerdo entre el municipio chileno de Punta Arenas, Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation para establecer la conexión comercial con las Islas Malvinas. Según la información incluida en la presentación del CECIM, una delegación isleña viajará a la ciudad chilena el 28 y 29 de septiembre y el primer recorrido marítimo está previsto para noviembre de 2026.
La entidad señaló además que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que la embarcación utilizará "otra bandera". Para el CECIM, esa circunstancia no modifica el alcance de la operación. La organización sostiene que la ruta no estaría destinada únicamente al traslado de alimentos, vinos y repuestos, sino que también constituiría un vínculo logístico relacionado con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion o León Marino.
A partir de ese planteo, los excombatientes intimaron al canciller a aplicar el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación del régimen establecido por la norma. "Dicho sin eufemismos: el instrumento fue puesto sobre su escritorio hace cuatro días", expresó la organización en la carta documento.
Entre las medidas solicitadas, el CECIM pidió que Quirno instruya a la Embajada argentina en Santiago de Chile para presentar una protesta formal y por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. El reclamo apunta específicamente a la conexión anunciada entre Punta Arenas y las Islas y a las implicancias que, según la entidad, podría tener para la posición argentina en torno a Malvinas.
En el cierre de la presentación, el organismo volvió a reclamar una intervención de la Cancillería y afirmó: "La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia". También sostuvo que Quirno "ha jurado por la Constitución Nacional y por las leyes de la Nación" y que su deber "no se agota en conocer la normativa, sino en aplicarla". Según el CECIM, esa aplicación "no es una facultad discrecional sino una competencia irrenunciable de ejercicio obligatorio".
