La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves un paro nacional de 24 horas y se movilizará al Congreso desde las 13.30 para reclamar la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
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La medida tendrá impacto en las dependencias públicas ubicadas en La Plata y otros puntos del territorio bonaerense. Además, coincidirá con el paro docente provincial y la quinta Marcha Federal Universitaria.
Cada provincia definirá la modalidad y el alcance de la protesta. En los hospitales solamente se garantizarán guardias mínimas y la atención de urgencias en establecimientos destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.
Qué servicios podrían verse afectados
La huelga alcanzará a oficinas de la administración pública y hospitales provinciales. También podría afectar la recolección de residuos en distintos municipios y el funcionamiento de las escuelas, debido a la adhesión de trabajadores auxiliares.
La medida tendrá impacto además en Migraciones, los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas, el control del tránsito y las tareas de los controladores aéreos.
El paro coincidirá con la huelga convocada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que reclaman una recomposición salarial.
El reclamo contra el DNU 70/23
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el objetivo de la movilización será exigir la derogación completa del decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
“Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó el dirigente sindical.
Aguiar también cuestionó que el Ejecutivo nacional avance mediante decretos en decisiones que, según sostuvo, deberían discutirse en el Congreso.
La protesta confluirá con la Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una recuperación salarial frente a una pérdida del poder adquisitivo que los gremios estiman en torno al 34%.
