El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó junto a familiares de las víctimas un pedido formal para la apertura de un Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos ocurridos en junio de 1956, durante la represión desplegada tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle.
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La presentación judicial busca impulsar nuevas medidas de prueba, profundizar la investigación histórica y reconstruir los hechos ocurridos hace casi siete décadas. El objetivo es avanzar en el conocimiento de lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad como una forma de reparación para las familias afectadas.
Durante la actividad, Alak sostuvo que aquellos acontecimientos representaron uno de los episodios más graves de la historia política argentina. "Hace 70 años negaron la democracia a fuerza de fusilamientos", expresó el jefe comunal.
Además, remarcó que las consecuencias de aquellos crímenes trascendieron a las víctimas directas y alcanzaron a generaciones posteriores. "Hay heridas que atraviesan generaciones; hay silencios que también producen daño", afirmó.
El intendente señaló que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió y consideró que el Estado democrático tiene la responsabilidad de garantizar ese acceso. En ese sentido, sostuvo que la búsqueda de la verdad constituye una herramienta fundamental para fortalecer la memoria democrática.
Según se argumenta en la presentación, el derecho a la verdad no se limita únicamente a obtener información sobre hechos del pasado, sino que también implica la reconstrucción histórica de los acontecimientos, la preservación de la memoria colectiva y la posibilidad de elaborar procesos de reparación tanto individuales como sociales.
El planteo destaca además que la jurisprudencia nacional e internacional reconoce que la investigación y el establecimiento oficial de la verdad constituyen una medida reparatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos.
Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que el impacto de los fusilamientos de junio de 1956 alcanzó no solo a quienes fueron ejecutados, sino también a sus familias, organizaciones políticas y ámbitos sociales vinculados a las víctimas.
Por ese motivo, consideran que un Juicio por la Verdad permitirá reconstruir judicialmente los hechos, preservar la memoria histórica y saldar una deuda pendiente con familiares y con la sociedad en su conjunto.
