La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó a los trabajadores que viven con sus familias en el predio para que abandonen sus viviendas en solo diez días.
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El temor entre los empleados es que esta medida sea el paso previo para quedarse sin trabajo, mientras el gobierno nacional avanza con un plan de concesión a 30 años del complejo.
Alrededor de 30 familias, que llevan más de 20 años viviendo en los pabellones del lugar, fueron intimadas a través de un acta entregada por un funcionario de la AABE.
Chapadmalal: el Gobierno avanza con el desalojo de trabajadores
"Nos entregaron un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos", denunció Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE, en declaraciones radiales.
Los trabajadores aclararon que ocupan esas casas no como un favor, sino en el marco de su relación laboral con el Estado.
Una intimación que enciende todas las alarmas
Los salarios de los afectados oscilan entre los 500 mil pesos y menos de un millón, lo que hace imposible afrontar un alquiler en la zona sin una ayuda estatal que no llega.
"Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle", sentenció la delegada, vinculando la medida con los anuncios oficiales de privatización.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado en marzo que el gobierno buscaría una concesión por tres décadas para "atraer inversión privada" y reducir el costo de mantenimiento para el Estado.
En la misma línea, el ministro Federico Sturzenegger justificó la medida al sostener que el Estado "no debe proveer el servicio de hotelería", una actividad para la que, según él, "no tiene ventaja competitiva".
El gremio ATE ya presentó una medida cautelar para frenar el desalojo, mientras los trabajadores advierten que no entregarán sus casas sin una orden judicial.
"Nos vamos a defender. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez", advirtió la delegada, en medio de la incertidumbre que generó la notificación.
El fin de un emblema del turismo social
El histórico complejo, construido durante el primer gobierno peronista, fue durante décadas el principal destino de turismo social para familias trabajadoras y jubilados de todo el país.
Sin embargo, tras el fracaso de una prueba piloto para hacerlo autosustentable, el gobierno declaró la "innecesaridad" de las unidades y dispuso su traspaso a la AABE para definir su destino final.
La concesión del predio se encuentra ahora en un delicado equilibrio, ya que el lugar fue declarado patrimonio histórico-cultural en 2013, lo que impide su venta, aunque no su entrega a privados por tres décadas.
En ese marco, la senadora Fernanda Raverta presentó un proyecto para que la Provincia recupere la titularidad del predio y lo administre, en defensa del modelo de turismo social.
Mientras tanto, los concejales de la UCR propusieron ceder una parte del complejo a la Universidad Nacional de Mar del Plata para crear un campus universitario, como una alternativa a la privatización.
Las familias afectadas ya iniciaron gestiones ante Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Turismo, pero hasta el momento no recibieron respuesta alguna por parte del gobierno nacional.
El futuro de los trabajadores sigue siendo incierto, mientras el gobierno avanza con su plan de desalojo sin ofrecer una solución habitacional o laboral concreta para quienes dedicaron sus vidas al lugar.
