El Gobierno nacional dio un paso más en su plan de desmantelar el complejo turístico de Chapadmalal. A través de la resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada este martes en el Boletín Oficial, se oficializó el pase a disponibilidad de 58 trabajadores de la unidad turística. A ellos se suman otros 19 empleados del complejo de Embalse, en Córdoba.
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Según precisaron fuentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de los 58 trabajadores de Chapadmalal alcanzados por la medida, “48 son trabajadores de planta y otros 10 tenían contrato hasta el 31 de diciembre”.
La decisión del Ejecutivo Nacional se da en el marco de la reestructuración derivada de la supresión de las unidades organizativas de Chapadmalal y Embalse, un paso más en el objetivo del presidente Javier Milei de privatizar ambos complejos por 30 años para “elevar su calidad”, según sus propias palabras.
El pase a disponibilidad implica que los trabajadores quedan eximidos de concurrir a prestar servicios, aunque deben permanecer localizables durante su horario laboral y concurrir a toda convocatoria por parte del empleador.
Chapadmalal: 58 trabajadores al borde del despido
También se estipula que los agentes podrán recibir capacitaciones y desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Los trabajadores se mantendrán en esta condición por un plazo de entre seis y doce meses. Una vez cumplidos estos periodos, si formalizan una nueva relación laboral, quedarán automáticamente desvinculados de la administración pública nacional, con derecho a percibir la indemnización correspondiente conforme a la Ley N° 25.164.
La situación se suma a un contexto de hostigamiento. El mes pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a los trabajadores de Chapadmalal a desalojar las viviendas del complejo en un plazo de diez días corridos. La incertidumbre es total: los empleados no saben si en seis meses seguirán teniendo trabajo, ni si podrán seguir viviendo donde residen actualmente.
A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado la decisión con un discurso que hoy suena a justificación del ajuste. “Se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad”, sostuvo el funcionario, quien también resaltó que al mismo tiempo se reducirá “la carga” de mantenimiento de los hoteles para el Estado. El argumento oficial es que los complejos deben pasar a estar finalmente “al servicio de la gente”.
Sin embargo, a pesar de los anuncios y de la avanzada sobre los puestos de trabajo, hasta el momento no se formalizó ningún llamado a licitación. El Gobierno viene realizando un estudio técnico para atraer inversión privada y así restaurar las unidades turísticas, mientras los trabajadores quedan en un limbo laboral. El objetivo final de Javier Milei parece claro: vaciar el Estado de sus responsabilidades, privatizar a cualquier costo y que el mercado decida, aunque para eso haya que dejar en la callea decenas de familias que durante años sostuvieron el funcionamiento del complejo.
