El miércoles 24 de junio de 2026, mientras una parte del país discutía si el dólar subía o bajaba, en el recinto de Diputados se firmó algo mucho más grave que un ajuste: se firmó un acta de entrega. Le pusieron un nombre técnico, "Súper RIGI", y lo vendieron como una actualización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que el gobierno había aprobado en 2024. No lo es. Es otra cosa. Es treinta años de privilegios fiscales, cambiarios y aduaneros para un puñado de corporaciones tecnológicas que vienen a llevarse litio, uranio, agua, energía y —lo más nuevo de todo— nuestros datos.
No lo digo yo. Lo dijo el propio Milei el 4 de junio en una entrevista con el Financial Times: Argentina va a ser "el paraíso fiscal de la inteligencia artificial". Diecinueve días después, Diputados le firmó el cheque.
Quiénes son los beneficiarios
Conviene poner nombre y apellido a los favorecidos, porque el discurso oficialista los esconde detrás de la palabra "inversores". No son inversores. Son tres figuras con un proyecto político concreto.
Peter Thiel. Fundador de PayPal, dueño de Palantir, financista de J.D. Vance, socio histórico de la CIA. Es el ideólogo del Network State: la idea de que las democracias liberales son obsoletas y que el futuro pertenece a corporaciones-Estado gobernadas por una élite tecnológica. Thiel escribió, con todas las letras, que "ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles".
Alex Karp. CEO de Palantir, la empresa de vigilancia masiva valuada en US$300.000 millones. Palantir le vende software al Pentágono, a la policía israelí en Gaza y a media docena de gobiernos para clasificar poblaciones, predecir comportamientos y, llegado el caso, eliminarlas.
Elon Musk. Va por el litio de la Patagonia, por la conectividad satelital con Starlink, y ya anunció que reemplazará 280.000 empleos estatales con inteligencia artificial.
Estos tres nombres no están acá por casualidad. Están acá porque Milei los necesita —ideológica, política y económicamente— y porque ellos necesitan un territorio donde ensayar el modelo: bajos impuestos, cero regulación, mano de obra barata, recursos naturales sin trabas y un gobierno dispuesto a firmar lo que haga falta.
Qué firmaron exactamente
El Súper RIGI no es una corrección cosmética del régimen anterior. Es una ampliación brutal. Baja Ganancias del 35% al 15%, reduce contribuciones patronales del 24% al 10%, garantiza estabilidad fiscal por treinta años —es decir, ningún gobierno futuro podrá modificar las reglas— y permite girar utilidades al exterior sin restricciones cambiarias. El piso de inversión bajó: ahora alcanza con proyectos de US$100 millones para entrar al régimen, contra los US$200 millones del esquema original.
Traducido: una multinacional que se instale en Argentina mañana va a pagar menos impuestos que el almacén de la esquina, va a poder llevarse las ganancias afuera sin pasar por el Banco Central, y va a estar blindada legalmente hasta el año 2056. Hasta 2056. Cuando yo esté jubilado y ustedes, los que están leyendo esto, tengan hijos adolescentes, este régimen va a seguir vigente. No lo van a poder tocar.
El verso del "progreso"
El oficialismo y buena parte de los medios hegemónicos repiten que esto es "modernización", "futuro", "subirse al tren de la inteligencia artificial". Es mentira, y es una mentira vieja. La misma que nos vendieron en los noventa con las privatizaciones. La misma que nos vendieron en 2001 con la convertibilidad. La misma que nos vendieron en 2018 con el FMI de Macri.
Cada vez que un gobierno argentino le entrega los recursos del país a una corporación extranjera con el verso del progreso, lo que viene después es siempre lo mismo: ellos se van con la plata, nosotros nos quedamos con la deuda, con el desempleo y con un país un poco más vaciado que antes.
Solo que esta vez hay un agravante. Antes nos llevaban el petróleo, el gas, los ferrocarriles. Esta vez se llevan algo más: se llevan los datos, la soberanía digital, la capacidad de vigilar y procesar la información de millones de argentinos. Le están entregando a Palantir —la empresa que ayudó al ejército israelí en Gaza— la infraestructura digital de un país.
Lo que se viene
Quienes votaron a favor saben perfectamente lo que firmaron. No es ignorancia, es complicidad. Los bloques que acompañaron al oficialismo —el PRO, parte del radicalismo, los gobernadores patagónicos que negocian regalías por litio— ya tienen su tajada calculada.
Lo que sigue ahora es resistencia política, jurídica y cultural. Política, porque hay que construir una mayoría que en 2027 derogue este régimen antes de que se vuelva irreversible. Jurídica, porque hay artículos del Súper RIGI que son claramente inconstitucionales: ningún gobierno puede comprometer la potestad tributaria del Estado por treinta años. Y cultural, porque hay que explicarle a la gente —en cada barrio, en cada universidad, en cada radio comunitaria— que esto no es "inversión extranjera". Esto es saqueo con membrete tecnológico.
No es progreso. Es una colonia digital. Y todavía estamos a tiempo de pararla.
