Defender a la Argentina no puede ser un gesto ocasional. El patriotismo no debería aparecer únicamente en las fechas patrias o durante un partido de la selección: se expresa, sobre todo, en las decisiones políticas que definen el futuro del país. El próximo 6 de agosto el Senado vuelve a debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros. Mi posición es clara: este proyecto debe ser rechazado.
No porque la inversión extranjera sea un problema. Argentina necesita inversión, desarrollo y empleo. Pero hay una diferencia fundamental entre promover inversiones y renunciar a la capacidad del Estado de proteger recursos estratégicos, finitos e irremplazables. La tierra no es una mercancía cualquiera: en ella se concentran el agua, los alimentos, los minerales y el acceso a zonas estratégicas del territorio, desde el litio del NOA hasta los glaciares patagónicos, los bosques nativos, los puertos, los acuíferos y las áreas de frontera. Regular su propiedad es una decisión política, no administrativa.
La legislación vigente fija límites concretos: no más del 15% de las tierras rurales en manos extranjeras, ninguna nacionalidad por encima del 30% de ese cupo, un tope de mil hectáreas por titular en la zona núcleo, y restricciones junto a cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera. El proyecto oficialista no se limita a "dar más autonomía a las provincias": elimina ese piso nacional y deja gran parte de la regulación sujeta a cada provincia, sin garantizar que se sostengan los mismos criterios en todo el país.
Según el último informe del Registro Nacional de Tierras Rurales (agosto de 2025), un 5,57% del territorio rural argentino —cerca de 12,5 millones de hectáreas— está en manos extranjeras. Ninguna provincia supera hoy el límite del 15%, pero sí más de treinta departamentos. Quitar el criterio nacional abre la puerta a que grandes capitales concentren cada vez más tierra, en perjuicio de los pequeños y medianos productores que sostienen el arraigo y las economías regionales.
Esta no es una posición nueva para el radicalismo. Yrigoyen impulsó el poblamiento y la colonización para que la tierra estuviera en manos de quienes la trabajaban. Alfonsín ligó el desarrollo territorial equilibrado a la justicia social. Illia sumó una idea muy vigente hoy: la tierra debe estar vinculada a la eficiencia productiva, al desarrollo y al rechazo de la especulación. Es la misma convicción: los recursos estratégicos no son solo activos económicos, son la base para que la Nación decida su propio destino.
El verdadero debate no es abrirse o cerrarse al mundo: esa es una falsa dicotomía. Rechazar este proyecto no es rechazar la inversión, es exigir reglas claras: límites nacionales objetivos y uniformes; que ningún Estado extranjero ni fondo soberano compre tierra en zonas estratégicas; protección para fronteras, glaciares, acuíferos, puertos y corredores logísticos; un registro transparente de beneficiarios finales; y protección efectiva para las tierras indígenas y comunitarias. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria y Nueva Zelanda controlan la compra de tierras por extranjeros en casos así, y nadie los acusa de cerrados. El resto —porcentajes, restricciones provinciales, criterios ambientales— puede discutirse, pero recién después de asegurar ese piso.
El proyecto que se trata el 6 de agosto no ofrece esas garantías. La soberanía no se defiende solo con discursos, canciones o banderas: se defiende cuando quienes legislan eligen proteger lo que es de todos los argentinos. El 6 de agosto es una nueva oportunidad para demostrarlo.
