El día que la Justicia dejó de escuchar a los niños, ese día supe como cronista que estábamos ante el abismo de la empatía disuelta.
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Mi lapicera golpea al anotador, mis ojos recorren el panorama cotidiano, agotador de los pasillos de tribunales. A lo lejos miro un niño de la mano de la madre, ella indudablemente se muestra nerviosa pero superficialmente lanza una sonrisa para que ese niño no sienta miedo, ella le dice “mamá está acá” y pienso que impactante es la profundidad de esa frase, ese abrazo cálido que solo las madres saben dar.
¿La infancia se pausa en situaciones judiciales? No. Cada día que pasa para un tribunal puede ser apenas una fecha en el calendario, pero para un niño es una noche más sin dormir, una mañana más de angustia. Una pregunta que se hace antes de cerrar los ojos, “¿Me van a obligar a ir?”.
La obligación de escuchar a los niños no es una cuestión de sentimentalismo, es un asunto de derechos. La convención sobre los Derechos del Niño reconoce que quienes tengan capacidad de formarse un juicio propio tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que los afectan y a que esa opinión sea debidamente considerada.
Un niño no es un expediente. Detrás de cada resolución judicial hay una vida que continúa cuando las puertas de los tribunales se cierran. Seguramente así se sienten las víctimas de los fallos que el Juez Adrián J. Hagopian decidió realizar sin contemplar los derechos de los mismos.
Una sucesión de decisiones judiciales cuestionadas vuelve a poner bajo la lupa al titular de un juzgado de familia. Sobre la mesa hay dos recusaciones que reclaman su apartamiento y una denuncia presentada contra el juez Adrìan Jorge Hagopian. Su nombre quedó asociado al expediente que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi.
Hay jueces cuyas decisiones generan controversia. Y hay casos en los que la controversia deja de ser un episodio aislado para convertirse en una pregunta sobre el propio funcionamiento de la justicia.
El caso del juez Adrián Jorge Hagopian, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106 de la Capital Federal (CABA), se encuentra bajo la lupa.
Sobre el magistrado pesan actualmente dos recusaciones que plantean su apartamiento de los expedientes en los que interviene. A ese escenario se suma otro dato especialmente sensible: existe una denuncia presentada contra el propio juez y el defensor de menores.
La denuncia penal radicada el 5 de marzo de 2020 ante la Oficina Central Receptora de Denuncias (OCRD) del Ministerio Pùblico Fiscal de CABA, presentada por Augusto Eugenio Toranzo, acusa a A. Adriàn J. Hagopian (titular subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Familia No 4) y a A. Atilio Àlvarez (titular de la Defensoría de Menores no 2) por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario pùblico, (art, 248 del Còdigo Penal) A simple vista parece ser algo de todos los días. Sin embargo, hay un elemento que atraviesa todo el caso: el centro de la controversia no es solamente la actuación de los adultos involucrados, sino las consecuencias que las decisiones de funciones judiciales pueden tener sobre un menor cuyo derechos deberían ocupar el primer lugar.
¿Un patrón de conducta?
La denuncia penal no aparece, entonces, como un episodio aislado. Se suma a las dos recusaciones y a la sucesión de decisiones judiciales que vienen siendo cuestionadas en distintos expedientes.
¿Quién controla al juez cuando son sus propias decisiones las que empiezan a formar parte del problema?. Y allì entran en juego cuatro principios centrales de la convenciòn sobre los Derechos del Niño: el interés superior del niño; su derecho a ser oído y a que su opiniòn sea debidamente considerada; su derecho de integridad y protección frente a situaciones que puedan dañarlo, y su derecho a mantener vínculos familiares siempre que éstos sean seguros y compatibles con su bienestar.
El costo de no escuchar a un niño
Estos fallos obligan a mirar una dimensión que muchas veces queda fuera de nuestro visión.
La psicóloga y especialista en temas de infancia, Betina Calvi advierte, en términos generales, sobre la importancia de considerar las consecuencias de la revictimizaciòn en los menores, “El menor que se atreve a contar el hecho y el entorno que no le cree duplica el
impacto traumático, y si agregamos a que la justicia no les cree y los obliga a revincularse, el impacto es más altísimo”
Su planteo apunta a una reflexión necesaria en un contexto político social donde la empatía por el otro queda opacada por el odio.
Un juez que está denunciado junto a un defensor de menores que deberían ser ejemplo de justicia, de derechos. Y extrañamente se convierten en enemigos de las infancias, ¿Qué tan afectada está el registro de empatía del poder judicial? ¿Por qué dejamos que las infancias se conviertan en un número más de suicidios?
Señor juez Hagopian, ¿que escucha usted cuando un niño dice que tiene miedo? ¿Escucha una voz? ¿Un pedido de ayuda? ¿O, simplemente, una declaración más dentro de un expediente?. Puede que el niño jamás sepa el número del expediente, se olvide de los pasillos, de si usted tenía un traje azul o gris. Pero jamás olvidará quién no decidió escucharlo.
