El presidente Alberto Fernández encabezó este martes la promulgación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial y enfatizó que "es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía" durante un acto en Casa de Gobierno que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y referentes del sector.
"El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; y de repente empezamos a escuchar unas madres que decían que del cannabis podían lograr aceites medicinales que hacían más llevadera la vida de sus hijos con problemas", manifestó el mandatario.
Durante su discurso el Presidente ubicó a la ley de cannabis medicinal a la altura de la Ley de Divorcio, Matrimonio Igualitario y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Detalló que la iniciativa fue "resultado de un consenso" no solo en el Congreso, sino a nivel social, por parte de las distintas organizaciones que desde hace tiempo vienen trabajando el tema, y consideró que representa "un ejercicio concreto para acceder al derecho de la salud para muchos que necesitan esos medicamentos".
Fernández también informó que "hacia 2024 el mercado internacional de cannabis alcanzará los US$ 42.700 millones, y los productores argentinos podrán competir con muchos" que hoy ya están lanzados en esta industria, y enumeró a Israel, Canadá. Estados Unidos y Colombia.
"La ley fue resultado del consenso, primero de los que mandaron el proyecto, después el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Consejo Económico y Social y luego el Congreso", reseñó el mandatario, y refirió que "es profundamente federal, porque en el noroeste se puede producir con más facilidad y es la posibilidad de generar trabajo".
Por su parte, Kulfas remarcó que la ley "da respuesta a una necesidad de muchos años, que tiene absolutamente probada las capacidades terapéuticas del cannabis", pero que además dará "el marco adecuado para producir en escala, con calidad trazabilidad y generar desarrollo regional con presencia de la Argentina con pymes cooperativas y emprendedores".
El ministro reiteró que "se está fundando una nueva industria en la Argentina" y que este nuevo sector productivo "podrá estar creando cerca de 10.000 puestos de trabajo de calidad, con presencia en investigación y desarrollo, y permitirá generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales".
Kulfas recordó que "fue un proyecto discutido, consensuado y luego validado por el Consejo Económico y Social" y consideró que la nueva norma "da respuesta a una necesidad de muchos años, (tras ser) absolutamente probadas las capacidades terapéuticas del cannabis y del cáñamo como insumo industrial".
"Va a dar el marco adecuado para poder producir en escala, con calidad y trazabilidad, y generar desarrollo general; es una industria que va a tener presencia en diferentes regiones de la Argentina, con una fuerte presencia de pymes, cooperativas y emprendedores, dando oportunidades de trabajo", precisó.
¿Qué dice la Ley de Cannabis medicional?
La norma para el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial es el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y permitió complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
La ley contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera, y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".
