El títular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, presentó su declaración jurada de bienes con un dato que llama la atención: su patrimonio creció $383,5 millones en un solo año.
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Pasó de $620,6 millones a $1.004,1 millones entre 2024 y 2025. Un incremento del 62% que, en cualquier otro funcionario, ya sería motivo de análisis. Pero en el caso de Vázquez, el verdadero escándalo está en lo que no declaró.
El funcionario, encargado de perseguir a los evasores fiscales en la Argentina, volvió a omitir en su formulario los tres departamentos que posee en Estados Unidos.
El titular de ARCA declaró $1.004 millones y ocultó US$2,1 millones en propiedades de EE.UU.
La investigación periodística publicada en diciembre de 2024 por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) documentó que Vázquez adquirió esos inmuebles en Miami por más de US$2,1 millones.
Las operaciones se habrían realizado a través de una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que controlaba a dos compañías panameñas. Una estructura offshore típica de quien quiere ocultar su patrimonio.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya pidió su indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito. El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, fue categórico: “Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.
La acusación apunta al delito de omisión maliciosa, que contempla penas de hasta dos años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La nueva declaración presenta además un descalce contable de $225,6 millones. Vázquez consignó que su patrimonio creció $383,5 millones, pero la única justificación que declaró son sus ingresos netos por $158 millones.
Por si no fuera poco, dejó en cero los campos de revaluación de bienes, deudas y gastos personales, algo que la propia ARCA utiliza para detectar inconsistencias. Curiosamente, en su declaración anterior había reportado gastos personales por casi $180 millones.
El funcionario sostiene dentro del Gobierno que los inmuebles de Miami pertenecen a un tercero. Pero hasta ahora no identificó a esa persona ni aportó información suficiente ante la Justicia.
