La megacausa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa de definiciones procesales de alto impacto. El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y a otras 34 personas —entre exfuncionarios y empresarios— sospechadas de integrar una organización delictiva dedicada a defraudar al Estado.
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Según la acusación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, la estructura operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, manipulando compras de medicamentos e insumos de alto costo a través del programa Incluir Salud.
La maniobra, que el magistrado calificó como un plan para generar "millonarias sumas de dinero de manera ilegal", afectó directamente el presupuesto destinado a la población más vulnerable: beneficiarios de pensiones no contributivas con discapacidad.
Ante la gravedad de los hechos y el volumen de dinero desviado, el juzgado dispuso además la inhibición general de bienes de todos los imputados para garantizar el recupero de activos en caso de una futura condena.
El mecanismo del fraude: Cartelización y licitaciones paralelas
El esquema delictivo consistía en un sistema de acuerdos espurios entre la cúpula de la ANDIS y un grupo selecto de droguerías y proveedores de insumos (PACBI). Para concretar las estafas, la organización utilizaba de forma maliciosa el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el mecanismo oficial para adjudicar insumos de alto costo. A través de este sistema, se habrían creado compulsas de precios "paralelas" o simuladas para beneficiar a empresas preseleccionadas a cambio de dádivas.
En el rubro de medicamentos, la cartelización fue elocuente: se detectaron 21 licitaciones acotadas por un monto total de $30.337.220.919, de las cuales las firmas Profarma S.A. y Génesis S.A. resultaron ganadoras en el 93,11% de los casos. Patrones similares de direccionamiento se observaron en la compra de prótesis para amputaciones, audífonos, sillas de ruedas e insumos cardiológicos, donde la competencia real era inexistente.
Vínculos con otras causas y antecedentes de gestión
Este escándalo en la ANDIS se suma a una serie de investigaciones sobre el manejo de fondos públicos y el patrimonio de funcionarios de la actual administración. Como sucede en la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —donde la justicia analiza compras de inmuebles y viajes al exterior—, aquí el foco está puesto en el desvío de recursos hacia el ámbito privado.
Entre los citados a ampliar su declaración figuran nombres ya procesados, como Daniel María Garbellini (exdirector de Acceso a Servicios de Salud) y Miguel Ángel Calvete, señalado como el presunto intermediario que vinculaba a los funcionarios con los directivos de los laboratorios y droguerías. La justicia sospecha que estas redes de intermediación fueron fundamentales para aceitar el pago de retornos y asegurar la continuidad de los contratos direccionados durante casi dos años.
Cronograma de indagatorias: Un mes de declaraciones en Comodoro Py
Las audiencias comenzarán a finales de abril y se extenderán durante todo el mes de mayo de 2026. El cronograma definido por el juez Lijo es el siguiente:
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Abril: El 28 abrirán las declaraciones Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini; seguidos el 29 por Miguel Calvete y Andrés Arnaudo; y el 30 por Federico Santich y Emilio Olguín.
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Mayo: Las declaraciones continuarán semanalmente de martes a jueves. El 5 de mayo declararán Evangelina García y Claudio Kahn; el 12 será el turno de los integrantes de la familia Sagués (Mariano y Christian); y el 19 se presentarán Vicente Vázquez y Fabián Piedimonte, entre otros.
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Cierre: El proceso culminará el 26 de mayo con las indagatorias de Sergio Mastropietro y Patricio Acosta.
El avance de esta causa pone bajo la lupa no solo el control administrativo de los organismos de salud, sino también la efectividad de los sistemas digitales de contratación pública. La fiscalía sostiene que, sin la complicidad de los máximos responsables de la ANDIS para manipular el SIIPFIS, no hubiera sido posible sostener una estafa de tal magnitud en detrimento del erario público y de la asistencia a personas con discapacidad.
