La Justicia abrió una causa para investigar al Gobierno nacional por la presunta infracción al código electoral con la implementación de un plan clandestino de subsidios a desocupados a cargo de punteros del oficialismo.
No obstante, emplazó al Ministerio de Producción y Trabajo para informar sobre la resolución oculta que dio origen al programa de pagos y sus antecedentes.
El expediente se basa en la investigación que realizó Ámbito Financiero por presunta compra de votos y desde ayer se sumó una denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos.
La causa 007852/2019 quedó en manos de la jueza federal con competencia electoral María Servini con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
El escándalo, que aún no mereció una respuesta formal por parte del ministro Dante Sica, se metió de lleno en la campaña electoral y el abogado Jorge Landau junto a otros apoderados del Frente de Todos, aseguró que "se va a investigar una compra de votos" y agregó que irán por más.
“También nos llegó información de que los bonos de $ 5.000 van a remunerar el pago a fiscales y a comprometer otros cinco mil pesos si Juntos por el Cambio se impone en sus mesas. La campaña del Gobierno está llena de estas porquerías y es una carrera de obstáculos”, manifestó Landau.
Según la denuncia “los hechos descriptos encuadran en el delito previsto en el artículo 139 inciso ‘b’ del Código Electoral Nacional, que pena a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada” y que fija condenas de uno a tres años de prisión. Y apunta en particular a la eventual responsabilidad de Sica y Prémoli por la firma de la resolución 1177. Esa normativa habilitó un presupuesto de hasta 650 millones de pesos para el pago por única vez de unos 114 mil bonos de $ 5 mil cada uno, en teoría con destino a personas desocupadas con DNI y constancia de CUIL que no percibieran otro ingreso (salario, jubilación, plan social o prestación por desempleo, entre otras alternativas).
El representante del Ministerio Público envió ayer un oficio a la cartera que dirige Sica para emplazarlo a informar antes de 48 horas de todos los detalles de la normativa y sus antecedentes. En la fiscalía no descartaban ayer una citación a indagatoria a Prémoli y hasta un eventual allanamiento a la cartera de Gobierno en caso de no obtener la documentación solicitada en el plazo estipulado.
