El frente judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo crítico que compromete su estrategia de defensa. Tras asegurar públicamente que logró duplicar su fortuna mediante inversiones en Bitcoin antes de ingresar a la función pública, la Justicia federal comenzó a desarmar su coartada.
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En los tribunales de Comodoro Py sospechan que el ministro coordinador podría haber "comprado" registros de operaciones antiguas en el mercado cripto con el único fin de simular movimientos del pasado y blanquear de forma retroactiva un patrimonio que hoy no puede justificar.
El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza a paso firme en la confección de un requerimiento de justificación de bienes, el paso previo e indispensable para evaluar si solicita la declaración indagatoria del funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito. El dictamen final quedará supeditado a las pericias que actualmente desarrollan los contadores del Ministerio Público Fiscal en colaboración con especialistas en activos digitales.
Los números de Adorni en la televisión vs. el expediente penal
La discordancia entre el relato mediático del jefe de Gabinete y las pruebas tangibles incorporadas a la causa penal es el bache más complejo que enfrenta su defensa. Durante una reciente entrevista en LN+, Adorni detalló una serie de transacciones financieras iniciadas en agosto de 2017:
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La supuesta compra: Afirmó haber adquirido 15 Bitcoins en el segundo semestre de 2017 (13 unidades a USD 3.356, una más a USD 3.330 y la última a USD 7.234), desembolsando un total aproximado de 53.000 dólares.
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La supuesta ganancia: Sostuvo que en marzo de 2018 liquidó 10 de esos activos a un valor de USD 8.824 cada uno, lo que le habría reportado una ganancia neta de USD 45.000, parte de un circuito general donde —según sus palabras— invirtió USD 200.000 propios que se transformaron en más de USD 500.000.
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La realidad en el expediente: En las planillas oficiales remitidas a la fiscalía no existe un solo comprobante, código de billetera virtual (hash) o documentación de soporte que acredite estas transacciones.
La única constancia material sobre el universo cripto de Adorni que posee el fiscal Pollicita son los informes enviados por las plataformas reguladas Binance y Lemon. Estas empresas reportaron operaciones cruzadas por apenas 100.000 dólares a nombre del funcionario; movimientos que, de igual modo, se mantuvieron ocultos y no habían sido declarados ante el fisco hasta que estalló el escándalo.
El rastro de los 400 millones y la mentira de la "herencia"
En la declaración jurada pública que el funcionario presentó el último jueves ante la Oficina Anticorrupción (OA), el patrimonio total de Adorni saltó de $662,6 millones a $944,5 millones. Para intentar justificar contablemente esa evolución, el jefe de Gabinete asentó por primera vez un ingreso de $400 millones bajo el genérico concepto de “venta de activos”, los cuales corresponderían a la liquidación de las criptomonedas. Asimismo, registró una supuesta incorporación de $270,7 millones exentos de Ganancias, de los cuales solo $73 millones se adjudicaron a una “herencia, legado o donación”.
Sin embargo, el documento presentado ante la OA carece por completo de anexos respaldatorios (actas notariales, declaratorias de herederos o comprobantes bancarios). Ante este bache, la fiscalía activó tres medidas de prueba de alto impacto:
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Inconsistencia de ingresos (ARCA y ANSES): Pollicita libró oficios urgentes al organismo recaudador (ex AFIP) y a la ANSES para reconstruir el historial laboral y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde 2012 a la fecha. El objetivo es determinar si el matrimonio efectivamente contaba con capacidad de ahorro formal para reunir los USD 200.000 iniciales.
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El mito de la herencia familiar: La fiscalía solicitó de forma formal el expediente de la sucesión del padre de Adorni. Los investigadores judiciales buscan demostrar que el exministro coordinador no pudo haber recibido un legado de esa magnitud. “El padre no tenía dinero para dejarle”, confió de forma tajante una alta fuente de los tribunales a cargo de la pesquisa.
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Archivo de contradicciones públicas: Se ordenó confeccionar un informe pericial basado en las desgrabaciones de los archivos televisivos y publicaciones en redes sociales de Adorni desde 2013. Los investigadores buscan confrontar sus dichos actuales con registros de archivo donde el hoy funcionario afirmaba públicamente "no comprender ni operar" en el mercado de las criptomonedas.
El eslabón perdido: billeteras virtuales y el plazo que se agota
Los especialistas del mercado cripto consultados por la Justicia señalaron que, si bien las primeras operaciones con Bitcoin gozaban de un alto nivel de anonimato, la conversión de esos activos a dinero fiduciario (pesos o dólares tradicionales) para realizar operaciones cotidianas —como costear las costosas remodelaciones en su propiedad del country Indio Cuá— exige de forma indefectible la intervención de una exchange o entidad de cambio sujeta a regulaciones fiscales. Adorni jamás aclaró qué firma procesó tales desvíos de fondos y actualmente solo mantiene declarados $338.327 en cuentas de Proveedores de Servicios de Pago (PSP).
La definición de la causa penal ingresó en una cuenta regresiva de un mes y medio, lapso estimado por los peritos contables para finalizar el análisis del patrimonio total de la familia.
Al igual que ocurrió con la declaración de su esposa, Adorni todavía mantiene bajo llave la parte reservada de su propia declaración de bienes, donde legalmente se deben consignar los números de cuentas, el detalle de consumos y las direcciones de las billeteras virtuales. Aunque el jefe de Gabinete cuenta con plazo legal hasta el cierre del mes para depositar ese sobre en la Oficina Anticorrupción, en los pasillos de Comodoro Py advierten que si las planillas faltantes no aportan pruebas fiscales incontrastables, el pedido de citación a indagatoria bajo la firma del juez Ariel Lijo será inevitable.
