Hay una cifra que ayer cambió todo, aunque los grandes medios prefieran mirar para otro lado. El 0,85%. Ese es el porcentaje de fondos del fideicomiso vial que efectivamente recibió Lázaro Báez entre 2009 y 2015. Menos del 1%. El resto, el 99,15%, fue a parar a otras empresas. La principal beneficiaria fue IECSA S.A., la constructora de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri.
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El dato lo presentó ayer Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, en una conferencia de prensa acompañado por dos especialistas internacionales en lawfare: Rafael Valim, desde Brasil, y Javier Borrego, desde España. No es un dato inventado por la defensa. Salió de los propios números del expediente.
Recordemos qué dijo el Tribunal Oral Federal N° 2 cuando la condenó en la causa Vialidad: que el decreto 54/2009, que creó el fideicomiso SISVIAL, fue firmado "irregularmente" y "a medida" para transferirle plata a Lázaro Báez. Sobre ese relato se construyó la sentencia. Y sobre esa sentencia se construyó la proscripción política y electoral que hoy le impide a Cristina competir en las urnas.
El 0,85% que la defensa de Cristina presentó y que los grandes medios no quieren mostrar
El problema es que el relato no coincide con los números. Si el fideicomiso hubiera sido armado para beneficiar a Báez, Báez no habría recibido el 0,85%. Habría recibido la mayoría. No la recibió. La recibió el primo de Macri. Ese es el hecho. Y ese hecho, si la Justicia funcionara con reglas de Justicia, alcanza para reabrir la causa.
Por eso los abogados van a presentar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es la herramienta procesal prevista justamente para estos casos: cuando aparece prueba nueva que contradice el fundamento fáctico de una condena firme, la condena se puede revisar.
El objetivo inmediato es levantar la inhabilitación política y electoral. El objetivo de fondo es probar que la condena se apoyó en una construcción narrativa que los propios documentos oficiales desmienten.
Pero no van a quedarse solo con la Justicia argentina. Todo el material también se lleva al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mismo organismo que ya observó a la Argentina en otros casos de persecución judicial a dirigentes opositores. Y Beraldi adelantó que trabajan sobre más pruebas nuevas que todavía no revelaron. La ofensiva legal recién empieza.
Mientras tanto, en apenas quince días, la Cámara Federal firmó cuatro fallos escandalosos que blindaron a Javier Milei, Mauricio Macri, Luis Caputo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, el endeudamiento con el FMI, coimas en YPF, la fuga de capitales. Todo cerrado, todo archivado, todo perdonado.
A Cristina la condenaron sin esta prueba. A ellos los liberan con cualquier pretexto. Ese contraste no es una coincidencia. Es el diseño mismo del sistema. Es la Justicia de dos velocidades que hace veinte años se construyó para disciplinar el voto popular. Se llama lawfare, y funciona así: se elige un objetivo político, se arma una causa mediática, se presiona a los jueces con tapas de diarios y se dicta una condena que sirva para sacarlo de la cancha antes de que las urnas decidan. Después, cuando aparecen los documentos que la desmienten, ya es tarde: la proscripción ya está en marcha.
Solo que esta vez apareció el número. Y el número no perdona.
Cristina proscripta con el 0,85%. Macri libre con el resto.
No es justicia. Es un pacto.
