El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva denuncia penal que pone el foco en presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis.
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La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano y apunta a posibles delitos vinculados al manejo de licitaciones y al uso de recursos del Estado.
Uno de los ejes de la denuncia está puesto en un contrato millonario para servicios de mensajería masiva.
Nueva denuncia contra Adorni por contratos millonarios y licitaciones públicas
En ese punto, la denuncia detalla que el contrato en cuestión supera los $3.650 millones y estaba destinado a servicios de mensajería masiva, como envío de SMS, mails y llamadas automatizadas.
Pero lo que encendió las alertas no fue solo el monto, sino la posible relación entre las empresas que participaron del proceso. ç
Según el escrito, firmas como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. tendrían vínculos entre sí, lo que podría haber afectado la competencia real en la licitación.
A eso se suma otro dato: diferencias de precios en contrataciones similares y la reiteración de los mismos jugadores en distintos procesos. Para la denunciante, esto podría haber sido parte de un esquema para simular competencia y direccionar adjudicaciones.
En paralelo, la presentación también apunta a la concesión de Tecnópolis, un proceso de enorme volumen económico que superaría los $183.000 millones.
Allí se pone bajo la lupa la posible relación entre una consultora vinculada a la esposa de Adorni y empresas que participan en la licitación, lo que abre interrogantes sobre un eventual conflicto de interés.
También se mencionan conexiones comerciales con compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que podría configurar incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la presentación judicial, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incluso enriquecimiento ilícito.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer responsabilidades.
