En coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su profunda preocupación por el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada. La entidad calificó la medida como una “restricción de hecho al oficio” y exigió su normalización inmediata, advirtiendo que el cese de actividades en dicho espacio afecta tanto el ejercicio del periodismo como el acceso a la información pública.
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La interrupción del servicio, que ya cumple diez días, rompe con una práctica institucional de más de un siglo en el país. Según ADEPA, este acceso responde a los estándares de las democracias occidentales, donde el contacto con fuentes oficiales es fundamental para la transparencia.
Contexto de hostilidad y descalificaciones
El reclamo de la asociación no se limita al espacio físico, sino que se enmarca en un clima de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores de prensa. La entidad denunció que las agresiones verbales y las descalificaciones públicas por parte de funcionarios hacia periodistas fomentan un entorno de hostilidad.
En su comunicado, ADEPA remarcó que “el acceso a la información pública y el trabajo de la prensa libre no son prerrogativas sectoriales, sino garantías para la ciudadanía en el sistema democrático”. Asimismo, expresó su solidaridad con los cronistas acreditados que se ven impedidos de realizar sus tareas habituales en la sede gubernamental.
El origen del conflicto: sospechas de espionaje
La administración de Javier Milei justificó la restricción y la quita de acreditaciones en una investigación por un presunto caso de espionaje ilegal. El incidente se disparó tras la difusión de un video capturado por un periodista mediante el uso de anteojos inteligentes dentro de Balcarce 50.
Lo que comenzó como una sanción individual terminó extendiéndose a todos los medios, con una comunicación que, según fuentes del sector, fue estrictamente informal. Hasta la fecha, no existen notificaciones oficiales ni plazos ciertos para la restitución de los permisos de ingreso.
Reacciones en el Congreso y la Justicia
Ante la falta de definiciones del Gobierno, el conflicto ha escalado a otros poderes del Estado:
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Poder Legislativo: Diputados de la oposición impulsan proyectos para garantizar por ley el acceso de la prensa a las sedes de los tres poderes.
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Comisión de Libertad de Expresión: Integrantes de la comisión en la Cámara baja mantuvieron reuniones con los periodistas afectados para visibilizar la problemática.
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Vía Judicial: Diversos medios de comunicación han iniciado presentaciones judiciales contra la medida oficial.
Mientras tanto, los trabajadores de prensa continúan manifestándose frente a la Casa de Gobierno para exigir la devolución de sus condiciones laborales habituales.
