La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el acuerdo de pago para cancelar los litigios remanentes con dos fondos acreedores que contaban con sentencias firmes bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
La iniciativa, que convalida un desembolso global de u$s171 millones en favor de las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, fue aprobada tras una sesión especial por 139 votos afirmativos, 97 negativos y ninguna abstención. Con este resultado, el oficialismo logró destrabar la validación legislativa a menos de una semana de que el preacuerdo perdiera vigencia legal.
El convenio estipula una quita superior al 30% sobre el monto de las sentencias originales dictadas en los tribunales de Nueva York. Bajo el mecanismo técnico denominado "Entrega contra Pago", el Estado argentino abonará u$s67 millones a Bainbridge Ltd. y u$s104 millones a Attestor Value Master Fund LP.
Como contrapartida regulatoria, el texto incorpora una cláusula de "standstill" (compromiso de no innovar), la cual inhabilita formalmente a los demandantes a promover nuevas acciones legales o a entorpecer las operaciones de financiamiento internacional que encare la República Argentina en el futuro.
Cierre definitivo de los procesos de "Discovery" en el exterior
En los fundamentos del documento remitido al Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional remarcó que la luz verde parlamentaria tendrá un impacto jurídico inmediato en los tribunales internacionales: dictará la "finalización de la investigación en curso sobre los bienes" nacionales.
De esta manera, concluyen definitivamente los agresivos procesos de "Discovery" (búsqueda e identificación de activos) que los fondos buitre mantenían abiertos sobre cuentas bancarias oficiales, embajadas, empresas del Estado en vías de privatización y diversos activos financieros de la Argentina en el exterior.
El acuerdo ratificado —cuya ventana de ejecución expiraba de forma perentoria el próximo 30 de junio— lleva la firma del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, junto a los representantes autorizados de las firmas acreedoras: Friedrich Andreae (Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC), Melanie Davidson (Brybrook Capital Hazelton) y Rubén Kliksberg (White Hawthorne).
Cruces políticos: de los "apóstoles del default" a las denuncias por opacidad
El tratamiento legislativo del proyecto estuvo marcado por fuertes cruces dialécticos entre los bloques oficialistas y las bancadas de la oposición:
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La defensa oficialista: El miembro informante de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, defendió de forma enfática la necesidad de normalizar las relaciones financieras. "Después de 25 años, tenemos la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito", argumentó. El legislador libertario cargó con dureza contra el rechazo de la oposición, tildándolos de "apóstoles del default y continuadores del default del 2001", y concluyó afirmando que quienes votaron en contra representan al "tren fantasma" del Congreso.
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Las objeciones de la oposición dialoguista: Desde el bloque Encuentro Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto justificó su voto negativo advirtiendo que el actual Gobierno "ha aumentado el nivel de deuda externa" y cuestionó la renuencia de los funcionarios del Palacio de Hacienda a comparecer ante el Parlamento. "Nunca podemos saber si en este juego hay comisiones, siempre están ocultas y nos venden el humo de que no se cobran honorarios", denunció. Asimismo, Pichetto señaló que el texto incumple la Ley de Administración Financiera (N° 24.156) al no especificar las fuentes de financiamiento presupuestario para afrontar el pago.
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El rechazo del peronismo: En sintonía, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky repudió la ley al considerar que convalida una estafa financiera contra los recursos públicos. "Se habilita el pago a fondos buitre que ni siquiera invirtieron un centavo en la Argentina. Los únicos estafadores en este país son los que especularon con la deuda externa y los negocios financieros, que tienen sus recursos en paraísos fiscales", sentenció.
