La ola de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) generó un fuerte repudio en la Cámara de Diputados.
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Legisladores de Unión por la Patria y Provincias Unidas denunciaron que las cesantías forman parte de un "plan de desmantelamiento" y "vaciamiento" del sector nuclear argentino
Adriana Serquis presentó un proyecto de resolución para expresar el "más enérgico repudio institucional", mientras que Pablo Juliano pidió la intervención urgente de la comisión de Ciencia y Tecnología.
Las desvinculaciones alcanzaron a 62 trabajadores contratados que desempeñaban funciones profesionales, técnicas y administrativas en áreas estratégicas de distintos centros atómicos del país
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Denuncian que los despidos en la CNEA son un "plan de vaciamiento" de la soberanía nuclear
La oposición remarcó que las bajas se dan en un contexto crítico, donde el organismo ya cuenta con una dotación inferior a la mínima requerida para garantizar servicios de energía nuclear, salud especializada y generación de insumos productivos.
Los gremios del sector, principalmente ATE y la Asociación de Profesionales de la CNEA, reaccionaron de inmediato y se movilizaron en la sede central de Núñez y en el Centro Atómico Bariloche.
El gobierno intentó minimizar el impacto al afirmar que las bajas correspondieron a contratos iniciados durante 2023 y que no se verían afectados ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado.
Durante las jornadas de protesta, las inmediaciones de la sede central fueron custodiadas por efectivos de Gendarmería Nacional, un hecho que la oposición cuestionó con dureza.
El proyecto de Serquis detalla que bajo la gestión de Javier Milei, el presupuesto de la CNEA sufrió una reducción del 45,4% y acumula una caída del 53,8% desde su pico en 2022.
También señala un desplome del 53,4% en bienes de capital y un fuerte deterioro de la masa salarial, con sueldos profesionales que en muchos casos quedaron bajo la línea de pobreza. "Repudiamos la utilización de Gendarmería Nacional como custodia de la planta política designada para el ajuste", señala el documento, denunciando el "maltrato institucional" hacia los trabajadores del sector.
Pablo Juliano fue categórico. En sus redes sociales, el diputado de Provincias Unidas denunció que las medidas exceden el plano fiscal y esconden un trasfondo más grave: "Lo disfrazan de ajuste fiscal, de pelea con los sindicatos. Es mentira. Atrás se asoma un plan: vaciar y entregar nuestra soberanía nuclear. Desde mayo, cualquier empresa privada, nacional o extranjera, puede recorrer la CNEA como si fuera un supermercado y elegir qué se lleva: el RA-10, el uranio, 70 años de conocimiento".
El legislador advirtió que la sangría de personal ya acumula casi 500 bajas desde diciembre de 2023, afectando a cuadros altamente calificados que demandaron décadas de formación.
Según Juliano, el freno deliberado de proyectos y la devaluación de las capacidades estatales buscan "entregar en bandeja" el sector a inversores privados extranjeros.
"Argentina es la única potencia nuclear consolidada de América Latina. Fundir eso y regalar el conocimiento a cambio de nada es condenarnos al subdesarrollo", concluyó el diputado.
