La Corte Suprema de Justicia determinó que el exsenador Edgardo Kueider siga siendo investigado en dos causas que tramitan por separado en la justicia federal argentina y en la justicia provincial de Entre Ríos. Uno de los expedientes es por presunto enriquecimiento ilícito y el otro, por presuntos sobornos. Todo esto ocurre mientras el ex funcionario libertario se encuentra detenido en Paraguay desde 2024.
El fallo, fechado el 23 de septiembre de 2026, fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte rechazó la inhibición solicitada por el Juzgado Federal n°1 de San Isidro y remitió la resolución al Juzgado de Garantías n°2 de Concordia, dejando en pie las causas en cada fuero.
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Kueider fue detenido en 2024 en el puente internacional con Paraguay, junto a su secretaria, con más de US$200.000 sin declarar. En ese país fue condenado por tentativa de contrabando y se lo investiga por lavado de activos. En la Argentina, mientras tanto, siguen abiertas las dos causas que motivaron el conflicto jurisdiccional.
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¿Cuáles son las causas argentinas que tiene Edgardo Kueider en su contra?
La primera causa contra Kueider tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde la jueza Arroyo Salgado investiga sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. Entre ellos figura ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, que Kueider integraba como representante de la provincia con derecho a voto. La jueza también analiza posibles delitos conexos, como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.
La segunda se lleva adelante en el juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, que investiga si Kueider incrementó de manera apreciable y no justificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ejerció cargos en el gobierno municipal y provincial. Según el dictamen, esa causa se abrió formalmente por enriquecimiento ilícito, por la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles. La denuncia original afirmó que “sería dueño de la mitad de las acciones de una sociedad anónima” que habría comprado departamentos y cocheras en un edificio de Paraná.
Arroyo Salgado pidió acumular las causas y sostuvo la conexidad, con advertencia de “riesgo de doble persecución penal, ya que el enriquecimiento ilícito es una figura subsidiaria”. También dijo que se investigan “acontecimientos históricos que explicarían en mejor medida” el aumento patrimonial. El procurador Eduardo Casal, el 28/05/2026, recomendó rechazar la inhibitoria: “Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”.
