La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa donde se investiga al coordinador de ministros por presunto enriquecimiento ilícito, ordenó una batería de medidas de prueba de fuerte impacto técnico e institucional.
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Las medidas buscan contrastar de forma directa la coartada patrimonial esgrimida por el funcionario, quien justificó un incremento de 500 mil dólares bajo el argumento de haber realizado inversiones tempranas en Bitcoin.
La pesquisa judicial no solo puso bajo la lupa los movimientos con criptoactivos del exvocero presidencial, sino que se extendió a las reformas edilicias en un exclusivo barrio privado, compras millonarias facturadas a nombre de terceras personas, sospechas de contratos estatales previos a la función pública y presuntas maniobras financieras cruzadas que involucran a su entorno familiar más directo.
La ruta cripto: una coartada bajo sospecha técnica
El eje central de la defensa de Adorni radica en una reciente rectificación de sus Declaraciones Juradas (DDJJ) de los períodos 2023, 2024 y la presentación de la correspondiente a 2025. El jefe de Gabinete adujo haber acumulado medio millón de dólares en el circuito informal antes de asumir su cargo, originados en una inversión de USD 200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2014 —afirmando que una fracción de ese dinero fue hallada en la casa de su padre fallecido— que para 2018 le habría reportado una ganancia neta de USD 300.000.
Para desentramar la veracidad de estos movimientos, la fiscalía avanzó con requerimientos específicos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV):
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Historial de plataformas: Se solicitó un informe detallado sobre todas las firmas, intermediarios y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que operan u operaron en la liquidación de criptoactivos en la Argentina desde el año 2012 hasta la fecha.
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Vacío regulatorio: El fiscal requirió a la CNV los antecedentes normativos históricos para determinar con exactitud cómo se canalizaban técnicamente estas transacciones en los años declarados por el funcionario, previendo la reconstrucción de datos mediante fuentes institucionales alternativas en caso de detectar períodos sin registros formales.
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Los USD 100.000 de 2024: La Justicia detectó que durante su primer año de gestión pública, Adorni percibió ingresos superiores a los 100 mil dólares mediante operaciones vinculadas a las plataformas Lemon y Binance. Pollicita busca establecer el origen real de esos fondos, dado que el funcionario declaró poseer esos activos al inicio de 2024 pero ya no al cierre del ejercicio.
Fondeo bajo la lupa, préstamos cruzados y refacciones "en negro"
Uno de los puntos que mayor contradicción genera en la hipótesis de la fiscalía es la coexistencia de importantes sumas de dinero en efectivo con llamativos pedidos de asistencia financiera familiar y policial.
Mientras el jefe de Gabinete declaró mantener casi USD 210.000 en cash en su última DDJJ, la Justicia constató que solicitó préstamos formales a dos jubiladas para comprar un departamento en el barrio porteño de Caballito, y a dos efectivos policiales para adquirir su propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz.
A este frente se le acopló el hallazgo, tras las pericias realizadas sobre el teléfono celular del contratista, de una compra de artículos de blanquería y ropa de cama por un valor total de $8.183.303 en la firma Rosen The Store. El dato que encendió las alarmas de los investigadores es que la factura, emitida el 2 de junio de 2025, no fue confeccionada a nombre de Adorni ni de su esposa, Bettina Angeletti, sino a nombre de Gisela Kocsis, una empleada directa del jefe de Gabinete en la Casa Rosada.
El circuito familiar: la mudanza de su madre y la conexión con su hermano
La lupa del fiscal Pollicita trascendió el núcleo conviviente del funcionario. Por un lado, se libró una orden a las autoridades del barrio cerrado Fincas de Iraola 2, situado en el partido de Berazategui, para constatar si allí reside actualmente la madre del jefe de ministros, Silvia Pais.
La justicia busca determinar si Pais habita un dúplex en dicho complejo en carácter de propietaria o inquilina, cuáles fueron los métodos de pago empleados para dicha mudanza y si existieron intentos por parte de Adorni de abonar las expensas de la mujer en dinero en efectivo.
La sospecha radica en que, paralelamente, Pais figura en los registros oficiales como acreedora de su propio hijo, a quien le habría prestado una suma superior a los 16 millones de pesos.
Por otra parte, la fiscalía evalúa la posible unificación de este expediente con la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado de la provincia de Buenos Aires. Pollicita solicitó de manera formal al Juzgado Federal Nº 6 de Comodoro Py copias e informes de los bienes de origen familiar, datos sobre la sucesión de Jorge Adorni (padre de ambos) y todo elemento no reservado que permita establecer si existió un patrón común o vasos comunicantes en el crecimiento patrimonial de los hermanos.
Revisión de antecedentes laborales en el ámbito público
Finalmente, la Justicia solicitó requerimientos de información al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esclarecer el pasado laboral de Adorni y su esposa. Específicamente, se busca certificar si el actual coordinador de ministros mantuvo algún tipo de vinculación contractual con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre los años 2017 y 2023 y si, en consecuencia, debió haber presentado declaraciones juradas patrimoniales en dicho período.
Esta línea complementa los antecedentes ya incorporados a la causa, que dan cuenta de que el funcionario percibió haberes como personal administrativo dentro de la estructura del entonces Ministerio de Cultura de la Nación entre 2017 y 2018, un historial que choca con el perfil estrictamente privado que el propio Adorni solía esgrimir públicamente con anterioridad a su llegada al Poder Ejecutivo Nacional.
