El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la cual ordena mantener la vigencia del programa Volver al Trabajo. Sin embargo, el Gobierno anunció que apelará la resolución, argumentando que la decisión judicial interfiere con el diseño de políticas públicas y obliga a suspender programas de educación y capacitación ya planificados.
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La medida cautelar protege a más de 900.000 beneficiarios que perciben un ingreso mensual de $78.000, frenando la intención oficial de dar por finalizado el programa para reasignar esos fondos.
El impacto en las políticas de Capital Humano
Desde la cartera de Pettovello emitieron un duro comunicado advirtiendo sobre las "graves consecuencias" presupuestarias de la decisión judicial. Según el Gobierno, el mantenimiento forzado de este esquema de transferencias directas impide la ejecución de dos ejes estratégicos:
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Vouchers de Capacitación: El Ministerio pretendía reemplazar el plan por un sistema de formación profesional con salida laboral directa hacia el empleo registrado.
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Doble Escolaridad Primaria: Los fondos de "Volver al Trabajo" estaban destinados a financiar la extensión de la jornada escolar en escuelas ubicadas en sectores de extrema vulnerabilidad en todo el país.
"La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión", señalaron fuentes oficiales, subrayando que el programa original ya había cumplido su plazo de vigencia de dos años.
Tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
En la Casa Rosada interpretan el fallo de González Charvay como una intromisión en las facultades del Ejecutivo para administrar el presupuesto y diseñar la política social. El argumento oficial sostiene que "Volver al Trabajo" era un esquema de transición con un horizonte temporal definido que ya expiró.
A pesar del malestar, el oficialismo ratificó su postura de cumplimiento institucional: "Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo", confiaron fuentes gubernamentales.
Hacia un cambio de paradigma social
Este conflicto expone la disputa de fondo sobre el modelo de asistencia estatal. Mientras la Justicia busca garantizar la continuidad del ingreso para los sectores más desprotegidos ante la incertidumbre del cambio, el Gobierno de Javier Milei intenta acelerar la salida de los esquemas de transferencia directa sin contraprestación para volcar esos recursos a la educación y la empleabilidad.
La apelación del Ejecutivo buscará revertir la cautelar para retomar el control de la partida presupuestaria y avanzar con el redireccionamiento de los recursos hacia la escolarización extendida y la formación técnica.
