Los principales puertos y vías navegables de la Argentina se encuentran paralizados tras la decisión de los prácticos y pilotos de interrumpir la prestación del servicio en rechazo a la publicación del Decreto 690/2026.
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La norma, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, desreguló integralmente el sistema de practicaje vigente desde 1991.
Según estimaciones de la agroindustria, la medida de fuerza mantiene detenidos a más de 150 buques en las zonas de fondeo, impidiendo el ingreso, amarre y zarpada en las terminales exportadoras y petroleras.
El cese de actividades se inició el 1° de agosto, cuando los profesionales notificaron la «falta de disponibilidad» de forma individual. Por este motivo, el Ministerio de Capital Humano no ha dictado la conciliación obligatoria al no encuadrarse la situación bajo la figura formal de un conflicto laboral colectivo.
Desde el ámbito oficial defienden la reforma señalando que el costo del practicaje representa en torno al 8% de los costos totales de flete y argumentan que los profesionales pueden ser reemplazados mediante la apertura del mercado.
Claves de la desregulación y el reclamo de la agroindustria
La desregulación derogó el Decreto 2694/91 con el objetivo de eliminar las barreras de entrada que limitaban la competencia en los ríos nacionales. Entre las modificaciones centrales destacan:
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Fin de los cupos: Eliminación del sistema cerrado de inscripción ante la Prefectura Naval Argentina y apertura a la contratación de profesionales independientes.
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Tope tarifario y transporte: Fijación de tarifas máximas por parte de la autoridad reguladora y liberación de los servicios de embarque y desembarque (lanchas de práctico).
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Excepciones a capitanes: Habilitación para que capitanes nacionales o extranjeros con certificado de conocimiento de zona puedan realizar maniobras sin la obligación de contratar un práctico local.
Frente a este escenario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) —entidades responsables de coordinar la salida de cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país— expresaron su preocupación por el impacto logístico en los nodos de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.
Desde las cámaras confirmaron que mantienen gestiones con la Asociación Mutual de Prácticos (AMPIN) y la Prefectura para evitar un lockout prolongado que altere el flujo comercial.
Riesgo en el abastecimiento de combustibles y la postura del Gobierno
El conflicto impacta además sobre la logística de hidrocarburos. La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que la indisponibilidad de prácticos paralizó la operatoria en las terminales marítimas y fluviales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova (Chubut), esta última estratégica para el envío de shale oil y crudo Escalante hacia las refinerías. La entidad alertó sobre eventuales tensiones en la cadena de distribución nacional de combustibles de sostenerse la inmovilidad de los buques tanque.
Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger fundamentó la necesidad de la reforma en la reducción de los costos operativos del comercio exterior: "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".
De acuerdo con los relevamientos difundidos por el Ministerio, las maniobras de un buque tipo Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires alcaban un costo de USD 16.903, cifra sensiblemente superior a los valores vigentes en puertos de Estados Unidos, Europa y México.
Intimaciones de la Prefectura Naval y vías de resolución
Ante la parálisis del tráfico fluvial y marítimo, la Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar notificaciones e intimaciones formales a los prácticos para exigir la inmediata reanudación de sus tareas, recordando que la actividad constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtiendo sobre la apertura de sumarios administrativos y denuncias penales por la interrupción de las vías navegables.
Si bien el Decreto 690/2026 faculta a la autoridad marítima a habilitar de forma excepcional a capitanes con conocimiento de zona para resolver contingencias, actores del sector advierten que la medida no ofrece un alivio inmediato.
La complejidad técnica de las maniobras —especialmente en el atraque de buques petroleros y metaneros— requiere de una experiencia específica concentrada en un número reducido de profesionales (como la dotación de apenas 24 prácticos destinados al Puerto de Buenos Aires y Dock Sud), lo que dificulta su reemplazo en el corto plazo.
