El oficialismo acumula cuatro fracasos consecutivos con el mismo proyecto. La Ley de Tierras, que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado, se convirtió en una pesadilla para la Casa Rosada, que ya probó todos los caminos para destrabar una iniciativa que se estrelló una y otra vez contra la falta de apoyos.
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Ahora, en el quinto intento, la estrategia fue la misma de siempre: ceder para sobrevivir.
La nueva versión del proyecto, que será presentada este martes por Patricia Bullrich en conferencia de prensa, abandona la idea original de eliminar todo límite a la compra de tierras por extranjeros.
En su lugar, el texto propone un tope del 25% del territorio provincial (un 10% más que el 15% que rige actualmente), un número que busca ser un punto medio entre la liberalización total que soñaba Federico Sturzenegger y las exigencias de los gobernadores que se negaban a acompañar la iniciativa.
El oficialismo presenta un nuevo borrador de la Ley de Tierras para salvar el proyecto
Los cambios no terminan ahí. El nuevo borrador incluye un sistema de doble autorización: para que un extranjero pueda comprar tierras rurales, deberá obtener el visto bueno tanto de la provincia donde se encuentra el inmueble como del Estado nacional.
Además, se prohibió la venta de tierras a estados extranjeros y se establecieron restricciones para empresas con participación estatal.
La jugada busca desactivar las críticas que durante meses frenaron el proyecto. Pero el problema del oficialismo no es el texto: son los números. En el Senado, La Libertad Avanza tiene 21 bancas propias. Con los tres del PRO, llega a 24. Necesita 37 para aprobar.
Esa brecha de 13 votos es la que la Rosada no logra cerrar, y las negociaciones de las últimas horas reflejan una vez más la debilidad del gobierno para imponer su agenda en el Congreso.
El jueves se reanudará la sesión que el oficialismo suspendió el 16 de julio cuando vio que perdía. El gobierno de Milei confiaba en que este cuarto intermedio le daría tiempo para torcer voluntades. Pero los mismos senadores que dijeron que no, siguen diciendo que no, y los gobernadores que vacilaban siguen sin convencerse.
Ahora, las modificaciones al proyecto serán presentadas a solo 48 horas de la votación, un gesto de desesperación de un oficialismo que ya no sabe qué más ofrecer.
El escenario se complica aún más con la ausencia de Milei, que estará de gira en Ecuador y Colombia. Victoria Villarruel —que ya anticipó su rechazo al proyecto— quedará al frente del Ejecutivo, pero no podrá presidir la sesión del Senado.
En su lugar, el desempate recaerá en el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, un aliado incondicional del gobierno. El oficialismo al menos controla esa variable: si hay empate, no habrá sorpresas.
Pero antes de llegar a ese escenario, el oficialismo necesita asegurarse de que nadie se baje del colectivo. La UCR, que tiene diez senadores, ya tiene tres votos confirmados en contra.
Los dos representantes de Misiones enfrentan fuertes presiones en su provincia para que rechacen el proyecto. Y los demás aliados, en lugar de confirmar su acompañamiento, redoblan sus exigencias.
Sturzenegger, que no ve con buenos ojos los retrocesos, aceptó a regañadientes las nuevas concesiones. El ministro de Desregulación, que llegó al gobierno con la promesa de desregularlo todo, ve cómo su proyecto estrella se transforma en un nuevo papel higiénico.
Pero el gobierno ya no está para elegir: es salvar el proyecto como sea o sumar una nueva derrota al historial de un Congreso que le viene dando la espalda desde el primer día.
