El Gobierno puso sobre la mesa una reforma electoral que, si avanza, puede cambiar bastante cómo se vota y cómo se organizan los partidos en la Argentina.
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El proyecto ya fue enviado hoy al Congreso y en las próximas semanas empezará a discutirse.
Uno de los puntos más fuertes es la eliminación de las PASO. Desde el oficialismo sostienen que el sistema actual obliga al Estado a financiar internas partidarias y que eso implica un gasto innecesario.
Pero no es lo único. La iniciativa también apunta a poner condiciones más estrictas para los partidos políticos, con la idea de reducir la cantidad de espacios que tienen poca representación.
Hoy existen agrupaciones que logran sostenerse con estructuras mínimas. Con la reforma, para tener reconocimiento legal van a tener que cumplir requisitos más exigentes en cantidad de afiliados y presencia territorial.
Reforma electoral: todos los cambios que propone el Gobierno
En esa línea, se busca avanzar con un sistema de validación biométrica para las afiliaciones, con el objetivo de evitar irregularidades y limitar la creación de los llamados “sellos de goma”.
También hay cambios en la Boleta Única de Papel, que ya estaba en agenda. La propuesta incluye la posibilidad de votar lista completa con una sola marca y simplificar el esquema en caso de elecciones simultáneas.
Otro punto que vuelve a aparecer es el de Ficha Limpia. El proyecto establece que quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia no puedan ser candidatos ni ocupar cargos públicos.
En paralelo, se plantean modificaciones en el financiamiento de la política. Se amplían los aportes privados, se eliminan algunos límites de gasto y se endurecen las sanciones para quienes no puedan justificar el origen de los fondos.
Además, el Estado concentraría su aporte en un solo pago anual y se dejaría de lado la publicidad gratuita en medios durante las campañas.
Entre otras novedades, la reforma también propone que los debates presidenciales dejen de ser obligatorios y suspender la elección directa de representantes al Parlamento del Mercosur.
El proyecto también incorpora una restricción particular: prohíbe la contratación de asesores extranjeros para las campañas electorales. La medida apunta a limitar la influencia de consultores internacionales en la estrategia política local, algo que en los últimos años fue bastante habitual en distintos espacios.
Más allá del contenido, el proyecto abre una discusión política fuerte. Para avanzar, el oficialismo va a necesitar acuerdos con gobernadores y otros bloques, algo que todavía no está cerrado.
