A raíz de una nota publicada ayer en la tapa de Clarín que habla de la presunta “reactivación” de una causa de la denunciante serial Graciela Ocaña contra el PAMI por el presuntos “desmanejos”, el número dos del organismo Martín Rodríguez salió a detallar las tantísimas medidas de prueba que autorizó el juez subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 3 de Morón, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que determinaron la inexistencia de los supuestos delitos que la dirigente macrista había denunciado.
“Lo único que se activó empezando el año electoral es la persecución de la mafia de Magnetto porque pusimos el PAMI al servicio de la gente y no de los negociados, como era costumbre. Esa supuesta causa siempre fue un invento de Ocaña y Lanata. Ya lo explicamos hace meses”, arrancó Rodríguez en un extenso hilo de Twitter.
La fake news “reactivada” por el Grupo Clarín (la denuncia había sido primero “mediatizada” por Ocaña en el programa Periodismo para todos de Jorge Lanata) daba cuenta del presunto desvío de entre 40 y 50 millones de pesos en presuntos centros de afiliados y actividades destinadas al esparcimiento de adultos mayores en Hurlingham durante la pandemia y del programa de atención “llamadores” en convenio con ese municipio del conurbano bonaerense.
Todas las pruebas acreditadas que desmienten la denuncia de Ocaña
En ese sentido, el subdirector ejecutivo del PAMI recordó que entre los meses de agosto y diciembre de 2022, se hicieron allanamientos televisados a la municipalidad de Hurlingham y al PAMI; se tomaron declaraciones testimoniales y se confeccionó un informe de inteligencia (PFA) que acredita el funcionamiento de los centros.
Por otra parte, el juzgado recibió de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema, 35 informes basados en el análisis del uso de las líneas de teléfono investigadas que acreditan el funcionamiento del programa “llamadores”: los teléfonos existían y las llamadas se hacían.
A su vez, se analizaron los legajos laborales de distintas personas; se requirieron y analizaron 13 expedientes de la Municipalidad de Hurlingham; se solicitaron y entregaron las rendiciones de cada una de las erogaciones realizadas; se analizó el informe de auditoría del PAMI del 2020.
Finalmente, se le requirió información a la Auditoría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas de la provincia, y se verificó cuáles eran las exigencias normativas para la constitución de centros de jubilados y para la obtención de subsidios.
“¿Y saben qué? No encontraron nada. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que encontrar”, describió Rodríguez.
Y concluyó: “Nos persiguen porque les devolvimos los medicamentos gratis a los jubilados y porque desarmamos buena parte del sistema capitado que permitía negocios multimillonarios con la salud de nuestra gente. Esa es toda la verdad”.
