El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, cuestionó el desfinanciamiento de las universidades públicas y reclamó al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. En una entrevista con Algo salió mal, el stream de Data Diario, realizada en la previa de la multitudinaria quinta Marcha Federal Universitaria de este jueves, sostuvo que el conflicto excede a la comunidad académica y compromete las posibilidades de desarrollo de la Argentina.
“Necesitamos que se cumpla la ley. Algo que parece tan obvio y razonable que lo sería en cualquier país del mundo”, afirmó Bartolacci, mientras universidades de todo el país se preparaban para una nueva jornada de movilización en defensa de la educación pública. El dirigente reclamó que el Presupuesto 2027 incorpore los recursos contemplados en la norma y advirtió que el deterioro del sistema universitario tiene consecuencias para el conjunto del país.
“La verdad que es muy doloroso lo que están haciendo con la universidad argentina y, si alguien cree que el daño se lo hacen a una comunidad en particular, se equivoca: es al país en su conjunto”, señaló.
Durante la entrevista, Bartolacci describió un escenario crítico para las casas de estudio, con salarios deteriorados, problemas de infraestructura y una interrupción prolongada del financiamiento para sostener y renovar instalaciones. Según precisó, el 70% de los trabajadores de la educación superior percibe menos de $850.000 mensuales.
A ese cuadro sumó lo que definió como una campaña de “descalificación, hostigamiento” orientada a desprestigiar a las universidades para justificar el ajuste presupuestario.
“No hay ente público más auditado que la universidad”
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la acusación, reiterada desde sectores oficiales y en el debate público, de que las universidades deben someterse a mayores controles sobre el uso de sus recursos. Bartolacci rechazó que exista falta de auditoría y explicó los distintos mecanismos de fiscalización a los que están sujetas las instituciones.
“No hay ente público más auditado y controlado que la universidad. Está perfecto que sea así porque son recursos públicos y corresponde. Y si quieren poner más controles, que los pongan, bienvenidos sean”, sostuvo.
El titular del CIN enumeró los controles de la Auditoría General de la Nación (AGN), las evaluaciones de calidad académica de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), las exigencias de la Ley de Administración Financiera y los mecanismos de auditoría interna.
También aportó un dato sobre su gestión al frente de la Universidad Nacional de Rosario: aseguró que, desde que asumió hace siete años, presentó 96 informes ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sin observaciones.
Además, explicó que las universidades rinden periódicamente información presupuestaria ante la Contaduría General de la Nación y que la Secretaría de Educación dispone de datos sobre el personal de cada institución, incluidos nombres, cargos y remuneraciones. A esto se suman los portales públicos de transparencia de las universidades y la información que las propias casas de estudio ponen a disposición de la ciudadanía.
“Hay un montón de controles”, resumió Bartolacci, quien insistió en que la discusión sobre el financiamiento no puede apoyarse en afirmaciones que desconozcan los mecanismos vigentes de rendición de cuentas.
El Gobierno, la ley y el conflicto por el presupuesto
Consultado sobre las razones de la resistencia oficial a financiar el sistema universitario, Bartolacci consideró que existe una decisión política de limitar los recursos destinados a la educación superior pública, la ciencia y la producción de conocimiento.
“Hay un ensañamiento francamente incomprensible, pero que, a mi juicio, deriva de la convicción de que el Estado no tiene que destinar recursos a la educación superior pública y a la producción de conocimiento y ciencia”, afirmó.
El rector recordó que el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe cumplir las decisiones adoptadas por las instituciones de la República. También señaló que la norma logró sostenerse frente al veto presidencial y volvió a ser defendida durante el debate presupuestario, incluso después de los cambios en la composición parlamentaria.
Para Bartolacci, el conflicto no puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y las autoridades universitarias. “El problema es que un país hace lo que resuelve a través de sus instituciones”, planteó, al recordar que tanto el Congreso como la Justicia intervinieron en la discusión sobre la vigencia de la ley.
En ese marco, reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades y advirtió sobre las consecuencias de prolongar el ajuste.
La universidad pública como herramienta de movilidad social
Bartolacci también defendió el papel de la educación superior pública en el desarrollo económico y social. Consideró que el sistema universitario debe actualizarse y responder a los desafíos actuales, pero cuestionó que las críticas a su funcionamiento no estén acompañadas por políticas concretas para resolver los problemas señalados.
“La única vocación es desprestigiar lo que sucede, porque no hay una sola política de educación superior”, afirmó.
En ese sentido, comparó la inversión argentina en educación superior con la de otros países y aseguró que el financiamiento local se encuentra en torno al 0,5% del producto bruto interno (PBI), un nivel que describió como el más bajo de la historia. Según señaló, esa proporción ubica a la Argentina por debajo de países de la región como Brasil, Chile y Uruguay.
El presidente del CIN vinculó ese retroceso con las posibilidades de crecimiento del país y con el acceso a oportunidades para sectores que históricamente encontraron en la universidad pública una vía de ascenso social.
“Yo soy hijo de la universidad pública argentina”, contó. Recordó que sus abuelos eran analfabetos, que su padre era inmigrante y que su familia llegó desde Italia después de la Segunda Guerra Mundial. “En su vida se imaginaron que iban a tener un hijo rector de una universidad o presidente del Consejo Interuniversitario”, relató.
A partir de su propia historia, dejó una definición sobre la responsabilidad de quienes pudieron acceder a la educación superior: “Cuando llegás arriba, tenés dos opciones. O pateás la escalera para que no llegue nadie más o tendés la mano para que puedan subir otros”.
Un llamado a defender las universidades
Durante la entrevista en Algo salió mal, Bartolacci convocó a legisladores, funcionarios judiciales, integrantes del Poder Ejecutivo y a quienes se formaron en instituciones públicas a comprometerse con la defensa del sistema universitario.
También pidió que la sociedad participe de las movilizaciones en todo el país para exigir el cumplimiento de la ley y visibilizar la situación de las casas de estudio. Su llamado se produjo en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, que este jueves por la tarde reunió una multitud en defensa de la educación pública.
“Si no se escucha la universidad, si no se escucha el Congreso, si no se escucha la Justicia, bueno, que se escuche a la gente abrazando la causa universitaria”, expresó.
El mensaje del titular del CIN volvió a poner en el centro del conflicto tres reclamos: recomponer el financiamiento, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y frenar el deterioro de una institución que, según planteó, constituye una herramienta estratégica para el futuro del país.
