El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las apuestas más fuertes del Gobierno para captar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
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La votación fue 44 a favor y 23 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques provinciales.
La sesión comenzó a las 11:23 con un quórum ajustado de 37 senadores, que se amplió con el correr de las horas. El debate no estuvo exento de tensiones.
Antes de tratar la ley, el peronismo utilizó cuestiones de privilegio para apuntar contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas.
Las acusaciones fueron formuladas por Florencia López y Martín Soria, y rechazadas por el libertario Agustín Monteverde. El radical Maximiliano Abad, por su parte, pidió que se convoque a un Congreso Pedagógico Nacional ante los malos resultados en las evaluaciones PISA.
El Senado sancionó la ley Inocencia Fiscal II: los funcionarios quedan excluidos de los beneficios
La norma elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, que hasta ahora solo permitía el acceso a quienes tuvieran un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Con la reforma, ese límite desaparece y más contribuyentes podrán adherir al sistema.
Uno de los puntos que el oficialismo destacó como un resguardo es la exclusión de los funcionarios públicos. La ley establece que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado. La prohibición alcanza también a quienes hayan ocupado cargos en los cinco años anteriores.
La iniciativa redefine, además, el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
A partir de ahora, se considerará significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
El debate
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y apuntó contra el Estado por la desconfianza de los ahorristas. "Los ciudadanos sacaron del circuito sus ahorros en dólares porque el Estado fue un enemigo del ahorro", dijo.
Y agregó: "El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos".
Desde el peronismo, el senador José Mayans fue durísimo: "Es un desastre, como fue la ley aprobada en diciembre, y es un precio a los evasores y los narcotraficantes". Mayans apuntó directamente contra el entorno presidencial: "Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni, que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción".
El libertario Bruno Olivera Lucero abrió el debate con un mensaje conciliador: "Buscamos lograr que la ciudadanía tenga confianza en que no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida". El peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción a "personas políticamente expuestas", una formulación más amplia que la de "funcionarios públicos" que figura en el proyecto.
Con la sanción de esta ley, el Gobierno recupera la iniciativa legislativa después de varios reveses en el Congreso. La norma ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
