En "modo Lula", Facundo Tignanelli avanza con su proyecto contra las apuestas online en territorio bonaerense

El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados recorrió Olavarría junto a Micaela Olivetto para sumar respaldo a la iniciativa que busca regular las plataformas, limitar la publicidad y destinar parte de sus recursos a la salud mental, los clubes y las instituciones comunitarias. Ya comenzó su recorrido por las comisiones legislativas.

Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 20 04

Por Redacción

Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 20:04


El jefe del bloque de diputados bonaerenses de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, intensificó el despliegue político y territorial de su proyecto para regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. Después de presentar la iniciativa a comienzos de octubre en la Legislatura, el dirigente de La Cámpora comenzó una serie de recorridas para explicar sus alcances, sumar respaldos institucionales y poner en discusión el negocio de las plataformas de juego digital.

La estrategia tuvo una nueva escala el sábado 31 de octubre en Olavarría, donde Tignanelli encabezó junto a la diputada Micaela Olivetto (coautora de la iniciativa) una presentación pública de la denominada Ley de Prevención y Control de Apuestas Online. El encuentro, realizado en el Salón Rivadavia, contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner y reunió a representantes del ámbito judicial, legislativo, profesional y académico, además de integrantes de instituciones deportivas y sociales, estudiantes y vecinos.

La iniciativa busca instalar una discusión que excede la prevención de la ludopatía: quién se queda con los recursos que genera el negocio de las apuestas y cuánto de ese dinero vuelve a las comunidades que padecen sus consecuencias.

En ese sentido, Tignanelli apeló a la experiencia de Brasil y a las recientes medidas impulsadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para defender la necesidad de avanzar con una regulación provincial, frente a la falta de una prohibición nacional de las apuestas online.

“Mientras el Estado Nacional no prohíba las apuestas online, es necesario avanzar con una legislación provincial que nos permita dejar de distraer recursos de la economía bonaerense hacia el exterior y volcarlos a los clubes de barrio, centros de jubilados y centros culturales”, argumentó el legislador.

El diputado también citó el crecimiento del 6,5% en el consumo de supermercados brasileños tras la regulación del sector en el país vecino, como parte de los argumentos para discutir el impacto económico de esta actividad y la posibilidad de recuperar recursos para el mercado interno.

La disputa por la rentabilidad de las plataformas

Uno de los puntos centrales del proyecto camporista es modificar el esquema de distribución de los recursos que genera el juego digital. La propuesta establece mecanismos de aportes obligatorios para las empresas licenciatarias y plantea que una parte de esos fondos tenga una afectación específica para políticas públicas de prevención, atención de la ludopatía y fortalecimiento de las instituciones comunitarias.

La discusión también marca una diferencia con la alternativa planteada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien había sugerido aplicar una alícuota del 2% sobre las cuentas de los ganadores. La iniciativa impulsada por Tignanelli y Olivetto, en cambio, establece contribuciones a cargo de las operadoras, sin trasladar esos descuentos a los usuarios.

En su presentación en Olavarría, Tignanelli fue todavía más directo al explicar el objetivo económico de la propuesta: “Con este proyecto de ley queremos decirle a las plataformas: ustedes están ganando hoy 100 pesos, van a pasar a ganar 30 y el 70% va a volver a las comunidades de la Provincia de Buenos Aires”.

“Las sociedades no obtienen ventajas de ningún tipo a partir de este tipo de actividades que lo único que hacen es enfermarlas y endeudarlas. Los resultados económicos de las empresas son muy cuantiosos y muy pero muy malos para cada uno de los apostadores”, agregó.

El legislador también anticipó la resistencia que podría generar la iniciativa entre las compañías del sector. “Hay intereses muy grandes y muy poderosos que obviamente no quieren discutir rentabilidad. Nosotros estamos diciendo que sobre el 100% de ganancia que tienen hoy las empresas les vamos a dejar apenas el 30% a partir de la sanción de esta ley. Obviamente esos intereses van a dar pelea”, sostuvo.

Un proyecto contra la ludopatía adolescente

La iniciativa pone especial atención en el crecimiento de las apuestas entre adolescentes. Para fundamentar la necesidad de una intervención estatal, sus impulsores incorporaron relevamientos oficiales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), que advierten que el 26,2% de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año. Según los datos citados en la presentación, un 22% corresponde a alumnos bonaerenses.

Durante la actividad en Olavarría, Olivetto planteó que el problema no puede abordarse únicamente desde la regulación de las plataformas, sino que requiere una política integral de prevención y asistencia.

“Esta ley integral busca prevenir y abordar la ciberludopatía y restringir lo máximo que se pueda el mundo de las apuestas”, explicó. También insistió en una de las consignas que atraviesan la iniciativa: “Las apuestas no son un juego”.

La diputada advirtió que las consecuencias alcanzan a todo el entorno familiar y social de quienes desarrollan conductas problemáticas vinculadas con el juego. Entre ellas mencionó el “endeudamiento familiar, deterioro del rendimiento escolar y fracturas en las relaciones familiares, agravadas por la crisis económica”.

“Es urgente abordar de forma integral esta problemática que se está llevando puestas a las familias. Estamos dispuestos a dar la pelea. No negociamos cuando está en juego la salud y el bienestar de las familias, pero necesitamos que nos acompañen”, agregó.

Qué propone la iniciativa de La Cámpora

El proyecto contempla una batería de medidas para regular las plataformas autorizadas, limitar la publicidad y combatir el funcionamiento de sitios clandestinos. Entre sus principales disposiciones se encuentran:

  • Controles sobre los usuarios: establece mecanismos de verificación biométrica facial para abrir cuentas, iniciar sesiones, depositar o retirar dinero y realizar apuestas superiores al umbral que determine la reglamentación. También exige herramientas para fijar límites de depósitos, consultar el tiempo y el dinero apostado y acceder a mecanismos de autoexclusión.
  • Límites al tiempo de juego: propone cerrar las sesiones después de 60 minutos continuos, establecer bloqueos temporales ante reiterados inicios de sesión y generar alertas cuando se superen los 30 minutos de actividad.
  • Restricciones publicitarias: prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online en la vía pública y en espacios públicos o privados de acceso público. También impide las campañas dirigidas a menores, el uso de su imagen o voz, los bonos de bienvenida, las apuestas gratuitas y los mensajes que presenten el juego como una inversión o una solución económica.
  • Combate al juego clandestino: crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea y contempla herramientas judiciales para bloquear sitios, aplicaciones, cuentas y medios de pago vinculados con operadores ilegales.
  • Fondo para salud mental y ciberludopatía: establece un aporte de las licenciatarias equivalente al 100% de sus inversiones computables en publicidad, promoción y patrocinio. El 70% de los recursos se distribuirá automáticamente entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedará en manos de la Provincia para financiar campañas, tratamientos, detección temprana, capacitación e investigación.
  • Fondo para clubes e instituciones comunitarias: incorpora una contribución obligatoria del 3% de los premios de las apuestas online, a cargo de las empresas y sin descuentos para los usuarios. De lo recaudado, el 85% se destinará al fortalecimiento de entidades de bien público y el 15% a becas de alto rendimiento deportivo.

La propuesta contempla que clubes de barrio, asociaciones civiles, centros culturales y otras instituciones puedan acceder a esos recursos para sostener sus actividades y ampliar su capacidad de intervención comunitaria.

La búsqueda de respaldo político y territorial

En Olavarría, el intendente Maximiliano Wesner fue uno de los encargados de abrir la jornada y planteó la necesidad de involucrar a los gobiernos locales en la discusión. Estuvo acompañado por la jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landivar, y el intendente de Azul, Nelson Sombra.

“Este proyecto de ley nos convoca a todos los intendentes de la Provincia de Buenos Aires y convoca al entramado institucional que tenemos en cada una de las ciudades”, expresó Wesner.

El jefe comunal también destacó la necesidad de contar con herramientas para intervenir sobre el problema desde los municipios. “Tener herramientas como intendentes para prevenir y abordar esta temática y gritar bien fuerte que la apuesta no es un juego, para nosotros es importante y contundente”, afirmó.

La recorrida de Tignanelli y Olivetto busca precisamente ampliar el respaldo a la iniciativa más allá de la discusión parlamentaria. El proyecto se encuentra actualmente en la comisión de Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense, donde sus impulsores esperan ultimar detalles para avanzar luego por las distintas comisiones antes de llegar al recinto.

En ese escenario, La Cámpora intenta convertir una iniciativa legislativa en una discusión política de mayor alcance: poner límites a un negocio millonario, disputar la distribución de sus ganancias y exigir que parte de esos recursos se destine a las comunidades afectadas por la expansión de las apuestas online.

La referencia a Lula y la experiencia brasileña funcionan como parte de esa estrategia. Tignanelli busca instalar que la regulación no es solamente una respuesta sanitaria frente a la ludopatía, sino también una discusión sobre el destino de los recursos y el papel del Estado frente a las grandes plataformas digitales.

 

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