El jueves a las diez de la mañana el agua del área metropolitana tuvo precio: 340,2 millones de dólares por el 90% de AySA. El día anterior, el ministro Luis Caputo había firmado la tercera etapa de las concesiones viales, con más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales entregados a operadores privados. El 11 de noviembre se abren los sobres por el Belgrano Cargas. Para 2027 está anotado el 44% de Nucleoeléctrica, la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. Escribo hoy porque cada una de esas noticias se cuenta por separado, como si fueran trámites, y juntas dicen otra cosa.
Empiezo por el agua. El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, le había dicho al diario Ámbito que por AySA se iba a recibir 500 millones de dólares «como mínimo». Llegaron 340. La licitación no tenía precio base: ganaba la oferta más alta, cualquiera fuese. Y la tasación no la hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación sino una unidad armada en el banco estatal BICE, cuyos informes no se publicaron. Cuatro legisladores de la comisión bicameral de privatizaciones lo denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Es una denuncia, no una sentencia. Pero el Gobierno podría desarmarla en cinco minutos mostrando el número, y no lo hace.
Antes de vender, prepararon la empresa. Según el Observatorio de Tarifas del IIEP, de la UBA y el CONICET, la tarifa promedio de AySA subió 418% entre diciembre de 2023 y abril de este año. La planta pasó de 7.790 a 6.069 trabajadores. Con esa receta la compañía empezó a dar superávit. Recién ahí salió a la venta. El costo de ordenarla lo pagamos los usuarios y los que quedaron en la calle. La empresa ordenada se la lleva otro.
A quién se la dan
En el consorcio ganador está Transclor, de Mauricio Filiberti, que le vende a AySA el cloro para potabilizar desde 2009. Filiberti es además uno de los dueños de Edenor, junto con José Luis Manzano y Daniel Vila. Y acá aparece un dato que conviene poner al lado del otro. A fines de septiembre, dentro de la ley que recortó el subsidio de zona fría, el Congreso aprobó una compensación que le condona a Edenor deudas con la mayorista eléctrica estatal por unos 450 millones de dólares, según publicó Ámbito. Eran deudas reconocidas, con plan de pago. A cambio, la empresa renunció a reclamos por tarifas congeladas que el Estado nunca había aceptado como deuda.
No digo que con esa plata compraron el agua: no tengo cómo probarlo y los socios de una empresa no son los mismos que los de la otra. Digo algo más simple. Lo que el Estado le perdonó a la eléctrica de uno de los compradores es más de lo que el consorcio entero ofreció por AySA. Con una mano se perdona y con la otra se vende.
El resto del esquema tiene la misma lógica. El RIGI les da a las grandes inversiones en litio, cobre, gas y petróleo treinta años de beneficios fiscales y cambiarios; la economista Marina Dal Poggetto estimó que el Estado dejaría de recaudar 8.500 millones de dólares, una cuenta que otros economistas discuten. Las rutas se concesionan con peaje y con descuentos impositivos para el concesionario.
¿Y para qué se vende? El programa financiero del propio Gobierno lo dice: espera 2.300 millones de dólares por privatizaciones y concesiones, para reforzar reservas y pagar vencimientos. No para hacer cloacas. Ahí está la cuenta que quiero dejar. Las represas del Comahue, Transener y AySA suman 1.403 millones de dólares. En el mismo período, según el INDEC, la deuda externa pasó de 285.951 a 327.855 millones: creció 41.904 millones. Todo lo vendido no cubre ni el 4% de lo que nos endeudaron. Las empresas no vuelven. La deuda queda.
Mi lectura es esta. No estamos ante una suma de ventas sino ante un plan: nos empobrecen, nos endeudan y, cuando el crédito se termina, rematan lo que es de todos, a precio sin base y con la tasación guardada. Ayer fueron las rutas. Hoy es el agua. Mañana, Atucha. El agua no era un gasto: era de las pocas cosas que todavía eran nuestras.
