El Gobierno de Brasil resolvió convocar este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para exigir explicaciones formales tras los exabruptos y cuestionamientos vertidos por el presidente Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
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La medida, adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño (Itamaraty), se suma a la decisión previa de llamar a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajará a Brasil para reunirse con autoridades del Ejecutivo e instruir la respuesta institucional ante la crisis bilateral.
Los cuestionamientos de Milei y las acusaciones de financiamiento
La reacción del Palacio de Itamaraty se produjo luego de que las tensiones escalaran durante el fin de semana en dos eventos públicos:
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Injerencia en la campaña de 2023: En declaraciones brindadas a Radio Mitre desde la Exposición Rural de Palermo, Milei justificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel señalando que convirtió a la Argentina en "un faro de la libertad", al tiempo que acusó directamente a Brasilia de financiar maniobras en su contra:
“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?”.
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Descalificaciones en San Pablo: Horas antes, durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en el estadio Pacaembú, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de tildar al magistrado Alexandre de Moraes como "basura calva".
Advertencias económicas sobre el "Riesgo Lula"
A las descalificaciones personales y las denuncias de injerencia electoral, Milei sumó severas críticas a la política macroeconómica del país vecino. Ante tres mil asistentes en la convención partidaria, afirmó que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula" y sostuvo que la economía brasileña se encamina hacia una crisis de deuda estructural ante la falta de un plan de ajuste fiscal por parte de la administración del PT.
Las declaraciones profundizaron el deterioro del vínculo comercial y político bilateral, derivando en la inmediata intervención de la cancillería brasileña para solicitar explicaciones oficiales y evaluar las futuras medidas diplomáticas.
