El ex diputado nacional y ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, Marcos Carasso, fue formalmente imputado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, en el marco de una investigación penal que rastrea una presunta sobrefacturación, asociación ilícita y defraudación al Estado Nacional por un monto cercano a los $1400 millones en las prestaciones de la obra social de los jubilados, el PAMI.
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Carasso, quien en los comicios provinciales de 2023 integró el binomio opositor como candidato a vicegobernador acompañando al actual senador nacional Luis Juez, sufrió la semana pasada el allanamiento de su domicilio particular en la localidad de General Cabrera —ciudad del sur cordobés de la que fue intendente—, así como de los despachos que ocupa en la capital provincial dentro del Tribunal de Cuentas, organismo de control controlado por el juecismo y desde el cual se ejerce una persistente presión sobre la administración del gobernador Martín Llaryora.
La hipótesis judicial: la conexión con el sector de salud privado
La Justicia federal puso su lupa sobre la actividad profesional privada de Carasso, quien posee el título de licenciado en Kinesiología. La hipótesis que maneja el juzgado del doctor Carlos Ochoa se estructura a partir de los siguientes elementos:
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Vinculación corporativa: Se investiga el nexo directo de Carasso con una empresa prestadora de servicios médicos radicada en General Cabrera.
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Maniobra delictiva: La sospecha principal apunta a que dicha firma sobrefacturaba de manera sistemática las prestaciones médicas y sociales liquidadas al PAMI.
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Monto bajo sospecha: La auditoría contable preliminar de los contratos arrojó un presunto perjuicio fiscal que ronda los $1400 millones.
La novedad judicial generó un fuerte efecto de bumerán político para el esquema opositor alineado con los libertarios. Semanas atrás, ante los reclamos de diversos intendentes al Ejecutivo nacional por deudas de arrastre en el PAMI, la consigna de los socios locales de La Libertad Avanza había sido exigir de forma tajante "que se dejen auditar". En este caso, la fiscalización judicial terminó impactando en el seno de la conducción de Juntos por el Cambio en Córdoba.
Fractura en la oposición: De Loredo toma distancia de Juez
El impacto de la imputación perforó de inmediato la frágil pax interna de la oposición cordobesa. Además de su postulación en 2023, Carasso se desempeña actualmente como vocal en el Tribunal de Cuentas de la provincia, un cargo al que accedió impulsado por el propio Luis Juez y que percibe un sueldo estimado en los cuatro millones de pesos.
Al ser consultado sobre la situación procesal del ex jefe de la UCR, el diputado nacional Rodrigo de Loredo optó por un drástico despegue político y remitió la responsabilidad al líder del Frente Cívico. Durante una entrevista con el matutino La Voz del Interior, De Loredo sentenció de forma escueta:
“Por eso, pregúntenle a Juez”.
El quiebre discursivo expone la histórica distancia que separó a De Loredo del sector de Carasso dentro del radicalismo y deja al juecismo en una posición de absoluta soledad para ensayar la defensa política del imputado.
La contraofensiva del PJ en la Unicameral y el factor Suchecki
El oficialismo nucleado en Hacemos Unidos por Córdoba aprovechó la vulnerabilidad judicial de la oposición para lanzar una dura embestida en la Legislatura provincial. El presidente del bloque del PJ, Facundo Torres, impulsó la presentación de un pedido de informes de manera urgente para que la oposición rinda cuentas por la situación de quien fuera su referente en la boleta gubernamental.
Torres fustigó con dureza la actitud adoptada por las bancadas opositoras en los últimos días:
“Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono. Sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe”.
Desde el peronismo cordobés recordaron que Carasso aglutinó en su postulación el respaldo de la casi totalidad del arco opositor —el radicalismo, el juecismo, una fracción del PRO y sectores neolibertarios—, por lo que consideran que todo el espacio debe romper el hermetismo y responder políticamente por las sospechas de corrupción.
La controversia promete escalar en las próximas jornadas parlamentarias ya que el PJ amplió el objeto de la presentación e incorporó un pedido de precisiones sobre el legajo de Claudio Suchecki, cuñado de Luis Juez, quien ha ocupado diversas funciones en reparticiones estatales donde el partido del senador nacional ha ejercido influencia histórica
