La estrategia de la oposición dura para forzar la comparecencia obligatoria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el recinto de la Cámara de Diputados quedó desactivada. La sesión especial convocada para este martes fracasó al reunir solo 117 legisladores presentes, quedando a doce bancas del quórum mínimo de 129 necesario para iniciar el debate.
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La caída de la sesión fue el resultado directo de un acuerdo político articulado por el presidente del cuerpo, Martín Menem, y los bloques del PRO, la UCR y bancadas provinciales aliadas, quienes decidieron no bajar al recinto a cambio de una concesión parcial del oficialismo.
Para frenar la embestida contra el funcionario —investigado judicialmente por presuntas irregularidades en su declaración jurada patrimonial—, los libertarios aceptaron habilitar el debate institucional pero bajo sus propias condiciones cronológicas.
El oficialismo convocó formalmente para la próxima semana a la comisión de Asuntos Constitucionales para dar inicio al tratamiento de los proyectos de interpelación. Sin embargo, en una maniobra orientada a dilatar los plazos, evitaron oficializar el llamado para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia técnica que debe revisar y convalidar el dictamen antes de que pueda ser votado por el pleno.
Con este movimiento, el bloque de La Libertad Avanza logró ganar un margen de al menos dos semanas, trasladando el centro de gravedad de la presión política a la Cámara alta. Adorni ya se comprometió a presentarse ante el Senado el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión constitucional, una instancia donde obligatoriamente deberá responder las preguntas de las bancadas opositoras respecto de la evolución de sus activos personales.
La encrucijada de los aliados y la disputa por el reglamento
Tanto el PRO como la conducción de la UCR justificaron su ausencia en el recinto bajo el argumento de que el fin original de la sesión especial era, precisamente, emplazar a las comisiones para que dictaminaran sobre la interpelación.
Al abrirse esa instancia de discusión por vías ordinarias, señalaron que el debate sobre tablas "perdió sentido". La decisión les permitió a estos bloques tomar una distancia táctica: evitaron el costo político de defender de forma abierta el patrimonio de Adorni ante la opinión pública, pero se negaron a convalidar una ofensiva motorizada en su gran mayoría por el kirchnerismo.
En el trasfondo del debate parlamentario subyace una fuerte controversia en torno a la interpretación técnica de la Carta Magna:
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La postura de la oposición dura: Sostienen que el artículo 101 de la Constitución Nacional posee un "carácter operativo" pleno. Bajo esta lectura, consideran que un pedido de interpelación a un ministro no requiere los giros ni los dictámenes de las comisiones de asesoramiento técnico, por lo que pretendían aprobar la citación este mismo martes mediante el voto de una mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes).
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La defensa del oficialismo: Los libertarios replicaron que, al igual que cualquier proyecto de resolución o ley, el pedido debe cumplir el trámite ordinario de comisión o, en su defecto, ser aprobado "sobre tablas" durante la sesión, una vía que exige una mayoría agravada de dos tercios de los votos que la oposición está lejos de reunir. El diputado libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, reforzó la postura oficial señalando que "a lo largo de la historia el Congreso siempre entendió que el artículo 101 no era operativo" y recordó que existen una docena de proyectos históricos presentados justamente para reglamentar su funcionamiento.
El mapa de las bancas: quiénes dieron quórum y quiénes se ausentaron
El tablero electrónico de la Cámara baja reflejó con nitidez la fragmentación de los bloques y las posiciones de los gobernadores provinciales frente al Gobierno Nacional:
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En sus bancas (117): Se sentaron la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. A ellos se acoplaron los radicales disidentes alineados con el bloque Provincias Unidas, los legisladores cordobeses que responden de manera directa al gobernador Martín Llaryora, un diputado salteño de Innovación Federal, dos representantes de Elijo Catamarca y figuras de bloques minoritarios como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi.
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Ausentes (Sin quórum): No aportaron al conteo las bancadas completas del PRO, el MID y el bloque tucumano Independencia. Tampoco bajaron la mayoría de los diputados de Innovación Federal (vinculados a las gobernaciones de Misiones y Salta), el unibloque de La Neuquinidad, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y la fracción de Provincias Unidas que responde al mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.
Tras confirmarse el fracaso de la convocatoria, la tensión se trasladó a las expresiones en minoría dentro del recinto. El diputado radical disidente Pablo Juliano cargó con dureza contra sus pares de bancada: "Están condenando a la Argentina a una crisis institucional. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto y que nos mintió al Congreso". En sintonía, el socialista Esteban Paulón minimizó el logro del oficialismo al advertir que "han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo", y arriesgó que el propio presidente Milei sabe que el jefe de Gabinete se transformó en un factor de desgaste político para el Gobierno.
Con esta pulseada congelada hasta la semana próxima, La Libertad Avanza buscará girar el foco de la atención pública hacia la agenda de reformas estructurales. Para este miércoles, el oficialismo convocó a una sesión especial con el objetivo de dar media sanción al denominado "Súper RIGI" —el régimen de incentivos para inversiones tecnológicas y energéticas de hasta USD 1.000 millones— y aprobar el pago a un remanente de fondos holdouts, dos proyectos que, a diferencia de la suerte corrida por Adorni, cuentan con un sólido consenso político de los bloques aliados para ser convertidos en ley.
