Luego de un espectacular operativo, que terminó en la detención de los principales implicados en el doble crimen de Comodoro Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto para adherir a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales, popularmente denominada “Ley Antimafia”. La medida, que busca dotar al gobierno provincial de herramientas jurídicas más fuertes contra las bandas complejas, se complementa con la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.
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El anuncio oficial no fue casual: se produjo tras el masivo despliegue policial en Comodoro Rivadavia que incluyó 16 allanamientos simultáneos destinados a desarticular estructuras vinculadas a la violencia extrema y el tráfico de sustancias en la ciudad petrolera.
Golpe al crimen en Comodoro: Caída de los autores del doble homicidio
Esto se puso de manifiesto durante la madrugada del viernes con un megaoperativo coordinado por la Policía del Chubut y el Ministerio Público Fiscal. El despliegue tuvo como eje principal el esclarecimiento del doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, ocurrido el pasado 22 de abril, un hecho que generó una profunda conmoción social en Comodoro Rivadavia.
Los procedimientos arrojaron resultados positivos inmediatos:
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Detenciones clave: Se capturó a dos presuntos coautores vinculados directamente con el asesinato de los jóvenes.
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Secuestros de valor pericial: Se incautaron armas de fuego, municiones y el vehículo que habría sido utilizado para perpetrar el ataque.
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Territorialidad: Los operativos abarcaron tanto la zona norte como la zona sur de la ciudad, impactando en barrios donde operan familias históricamente ligadas al delito.
Al respecto, Torres vinculó el éxito del operativo con una decisión política de enfrentar a clanes familiares específicos. “La semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses. Hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”, sentenció.
Justicia y operatividad: "Necesitamos que sigan presos"
El mandatario provincial fue categórico al explicar que la adhesión a la normativa nacional responde a una necesidad de terminar con la denominada "puerta giratoria" en casos de delincuencia organizada. Según Torres, las herramientas actuales suelen ser insuficientes para mantener tras las rejas a quienes operan dentro de estructuras delictivas jerarquizadas.
En este sentido, el gobernador subrayó que el objetivo no se limita únicamente a la captura de los autores materiales de los delitos, sino que apunta a desmantelar la cadena de mando de las bandas. “No alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”, afirmó con firmeza.
La estrategia del Ejecutivo provincial con la Ley Antimafia busca permitir ataques integrales a las organizaciones, endureciendo las penas y ampliando las facultades de investigación de los fiscales para abordar delitos como homicidios, extorsiones y narcotráfico desde su raíz económica y estructural.
Focalización en el territorio: La Mesa de Desfederalización
Complementando la Ley Antimafia, la creación de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo representa un cambio operativo sustancial para la provincia. El objetivo central es que la Justicia provincial pueda intervenir de manera autónoma y directa en los delitos de venta minorista de estupefacientes, tradicionalmente bajo competencia federal.
Esta iniciativa busca atacar el crecimiento de los "kioscos" de droga en los barrios, permitiendo:
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Agilizar investigaciones: Procesos judiciales y allanamientos más rápidos sin depender de la saturada estructura federal.
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Coordinación interjurisdiccional: Una mayor fluidez entre la Justicia federal y provincial para los casos donde el narcomenudeo escala a niveles de violencia extrema.
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Descompresión del sistema: Permitir que los juzgados federales se enfoquen en grandes cargamentos, mientras la provincia limpia las estructuras barriales.
Para el Ejecutivo, estas acciones son “herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”, marcando el inicio de una etapa de tolerancia cero contra el crimen organizado en Chubut.