La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra bajo investigación penal tras la apertura de una causa que busca determinar si existió delito en la designación de su amiga íntima, Andrea Juárez, dentro de la estructura estatal.
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La pesquisa se disparó luego de que la propia Juárez admitiera en una entrevista que su rol es asistir a la hermana del mandatario en "cosas personales que requieren de mucha confianza", tareas que para la fiscalía resultarían incompatibles con un cargo financiado por el Tesoro Nacional.
La fiscal federal Alejandra Mangano, quien tiene delegada la instrucción por parte del juez Daniel Rafecas, ya solicitó las primeras medidas de prueba: el expediente completo de contratación de Juárez bajo el régimen SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) y el detalle de su cumplimiento de funciones. La causa surge de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien acusa a la funcionaria de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y fraude.
Juárez y Karina Milei mantienen una relación de extrema confianza desde 1995, cuando se conocieron en la UADE. El grado de intimidad es tal que la familia Juárez compartió el palco presidencial con los padres de los Milei durante la asunción de diciembre de 2023.
Sin embargo, la investigación judicial pone la lupa sobre el carácter institucional de su cargo frente a la realidad de sus servicios, centrando la atención en que la propia Juárez confesó que sus tareas son de índole personal y no políticas ni institucionales. A esto se suma que la denuncia indica que la contratada solo ingresó a la Casa Rosada en dos oportunidades durante todo 2025, lo que pone en duda la contraprestación real para el Estado.
Las denuncias de Marcela Pagano
La diputada Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, se ha convertido en la principal denunciante de la gestión Milei. Además de esta causa, ha impulsado expedientes contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contra la propia Karina Milei por una licitación de $700 millones destinada a jardinería en Olivos y la Casa Rosada.
En este caso, la legisladora sostiene que el uso de recursos públicos para fines privados no constituye una finalidad que el Estado deba sufragar, mientras el juez Daniel Rafecas supervisa el secuestro del expediente laboral para determinar si hubo un perjuicio efectivo contra las arcas estatales.
