El pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei fue presentado formalmente este lunes en el Congreso de la Nación. El mismo es por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.
En un escrito de 25 páginas, un grupo de juristas, profesionales y activistas le solicitaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, el inicio de un proceso de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei.
El expediente quedó registrado bajo el número 0031-P-2024 y fue impulsado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la investigadora Dora Barrancos; la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros y otras.
Juicio Político a Milei: los motivos del pedido
El pedido de juicio político de parte de este grupo es para que se investigue, tanto al Presidente como a otros funcionarios, por los posibles delitos de: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.
Asimismo, sumaron el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público, que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también “la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE), que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial”.
Entre los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, teniendo en cuenta que la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo, el escrito también plantea que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
Del mismo modo, los juristas advirtieron que el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas “con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución Nacional”.
