El Gobierno de Axel Kicillof enfrenta una nueva semana de tensión que combina un reclamo salarial con un potencial problema para el funcionamiento cotidiano de la administración bonaerense. Los trabajadores nucleados en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) profundizaron las medidas de fuerza y evalúan realizar un paro general el próximo lunes 14 si antes del viernes no reciben una nueva propuesta oficial.
El conflicto tiene un componente especialmente sensible para la administración provincial: los trabajadores involucrados cumplen funciones en organismos como la Contaduría General y la Tesorería General, áreas que intervienen en el circuito administrativo vinculado con los pagos de la Provincia.
Por ahora, las medidas consisten en retenciones parciales y escalonadas y no existe un corte generalizado de los pagos. Sin embargo, desde el sector advierten que una profundización de la protesta podría generar demoras o trabas en ese circuito.
La definición quedará en manos de una nueva asamblea convocada para el viernes. Allí, si no aparece una respuesta que satisfaga el reclamo, los trabajadores podrían resolver avanzar con un paro general.
Un conflicto que Kicillof arrastra desde 2023
El origen de la disputa se remonta a 2023, cuando el Gobierno bonaerense acordó con los gremios una modificación en la jornada laboral de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.
La posibilidad de extender la jornada de 30 a 40 horas semanales abrió una discusión sobre la estructura salarial. Desde APOC plantearon que el aumento del tiempo de trabajo debía trasladarse proporcionalmente no sólo al salario básico de cada categoría, sino también a dos bonificaciones remunerativas que percibe el personal.
La cuenta planteada por el gremio era concreta: el paso de seis a ocho horas diarias representaba un incremento del 33,3% en la jornada y, por lo tanto, reclamaban que esa misma proporción se aplicara sobre determinados adicionales.
El Gobierno, según la documentación difundida por APOC, otorgó sobre esas bonificaciones un incremento del 9,9%, mientras que el sindicato reclamaba un 33%.
La diferencia quedó registrada en un comunicado del gremio de junio de 2023. APOC reconocía entonces que la negociación no había satisfecho todas sus demandas y reclamaba retomar la discusión.
Más de tres años después, ese conflicto vuelve a escalar.
Una oferta del 8,5% que no desactivó la protesta
El nuevo capítulo de la disputa se produjo luego de una reunión entre representantes gremiales y funcionarios del Ministerio de Economía bonaerense.
De acuerdo con lo informado por APOC, la administración provincial habría puesto sobre la mesa una recomposición del 8,5%, distribuida en cuotas hasta diciembre. La propuesta fue rechazada por el sindicato.
El gremio sostiene que su reclamo no consiste en pedir simplemente un nuevo aumento salarial, sino en recomponer una diferencia que considera pendiente desde la modificación de la jornada laboral implementada en 2023.
Según los cálculos de APOC, la brecha sobre determinados componentes salariales todavía rondaría los 28 puntos porcentuales. Se trata, de todos modos, de una estimación del sindicato y no de una deuda reconocida por el Gobierno bonaerense.
La controversia también llegó a la Justicia. Existe una causa iniciada para reclamar por esas diferencias, en la que declaró Pedro Fernández, secretario general de APOC de la provincia de Buenos Aires. El expediente todavía no resolvió el fondo de la cuestión.
La amenaza de un paro que puede trascender el reclamo salarial
El endurecimiento de las medidas coloca al Ejecutivo bonaerense frente a un problema que excede la discusión salarial.
Las retenciones de tareas comenzaron con dos horas y avanzarán durante la semana hacia tres y cuatro horas. El viernes será el momento de definir si el conflicto escala definitivamente.
La eventual convocatoria a un paro general para el lunes 14 puede tener una particularidad: los trabajadores que participan de la protesta están ubicados en sectores estratégicos de la estructura administrativa provincial.
La Contaduría General y la Tesorería General intervienen en procedimientos vinculados con la administración financiera bonaerense. Por eso, una medida de fuerza más extensa podría afectar los tiempos habituales de distintos trámites administrativos vinculados al circuito de pagos.
El escenario, sin embargo, todavía no supone que la Provincia haya quedado sin capacidad para pagar. Las medidas actuales son parciales y escalonadas y no existe, hasta el momento, un bloqueo generalizado.
Pero el riesgo político para Kicillof es que un conflicto salarial que lleva más de tres años termine transformándose en un problema de funcionamiento del Estado provincial.
El viernes, la definición
La administración bonaerense tiene ahora pocos días para intentar desactivar la escalada.
APOC espera una nueva propuesta antes de la asamblea del viernes. Si no llega o vuelve a ser considerada insuficiente, el gremio podría avanzar con el paro general anunciado para el lunes 14.
Así, una disputa originada en la modificación de la jornada laboral de los empleados de la Ley 10.430 vuelve a poner bajo presión al Gobierno de Kicillof, esta vez en áreas particularmente sensibles de la administración.
La discusión ya no pasa solamente por cuánto cobrarán los trabajadores. Para el Ejecutivo bonaerense, la próxima semana puede convertirse también en una prueba sobre la capacidad de sostener el funcionamiento normal de uno de los engranajes administrativos centrales de la Provincia.
