La Corte Suprema volvió a poner en el centro de la discusión política la cuestión de la soberanía territorial. El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.
La decisión se apoyó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la acción judicial y no ingresó al análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma. Como consecuencia, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737.
La resolución generó una fuerte reacción de Laurentina Alonso, abogada del CECIM La Plata, quien cuestionó el criterio adoptado por el máximo tribunal y sostuvo que detrás de la decisión existe una definición política.
“La Corte está totalmente integrada por gente que es impune. Se arroga la suma del poder público”, afirmó Alonso durante una entrevista con Javier “El Profe” Romero, en una nueva emisión de “Algo salió mal”, el stream de Data Diario.
Para la letrada, el argumento utilizado por la Corte funciona como una barrera formal que evita abordar la discusión sobre el DNU.
“Claramente este es un fallo político. No estamos solamente hablando de que vamos a tener territorio extranjerizado, sino que los representantes de la Corte hoy tenemos una Corte extranjera que está defendiendo intereses extranjeros”, sostuvo.
La discusión que quedó afuera
La Corte Suprema rechazó la demanda del CECIM al considerar que la organización no estaba legitimada para promover una acción colectiva destinada a cuestionar el artículo 154 del DNU 70/2023. El tribunal entendió que no estaba configurado un caso o controversia judicial en los términos planteados.
La consecuencia práctica fue dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la aplicación del artículo del DNU que derogó el régimen de protección de tierras rurales.
La Corte no declaró constitucional el DNU ni resolvió sobre el fondo de la cuestión. Precisamente ese punto fue uno de los principales cuestionamientos de Alonso.
“Están utilizando una cuestión formal para no decir nada sobre la inconstitucionalidad del DNU”, señaló.
Y agregó: “Nadie puede hoy presentarse a discutir si este DNU es constitucional o inconstitucional”.
La abogada sostuvo que el criterio adoptado por el máximo tribunal deja sin una vía judicial a organizaciones de la sociedad civil que busquen cuestionar normas vinculadas con la soberanía territorial.
“Estamos hablando de que la soberanía territorial no es un bien jurídico tutelable. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ir a ningún lado a discutir sobre si esta ley es constitucional o inconstitucional”, afirmó.
El reclamo al Congreso por el DNU 70/2023
Frente al nuevo escenario judicial, Alonso puso el foco en el Congreso. Recordó que el Senado rechazó el DNU 70/2023 y reclamó que la Cámara de Diputados complete el tratamiento del decreto.
“Ahora lo que tenemos que solicitar a los diputados, representantes del pueblo, que traten sobre el tema del DNU. Es la única forma de que podamos dar marcha atrás a esta entrega sistemática de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales”, sostuvo.
La Ley 26.737 establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre otras restricciones, fijaba un tope del 15% sobre la superficie total de tierras rurales del territorio nacional, provincial o departamental.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen, decisión que fue cuestionada judicialmente por el CECIM.
“Hoy no tenemos Ley de Tierras, no tenemos topes, no hay nada que regule lo que nosotros hicimos”, planteó Alonso.
La abogada también reclamó que el debate se dé a partir de una comparación con otros países y cuestionó que Argentina mantenga una política de apertura mientras otros Estados conservan restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros.
“Estados Unidos también pide que nosotros tengamos libre mercado, que les vendamos, pero ellos tienen una protección. Andá a comprar algo a Estados Unidos”, afirmó.
“Estamos cediendo soberanía”
Durante la entrevista, Alonso vinculó la discusión por las tierras con una mirada más amplia sobre la política económica y exterior del Gobierno de Milei.
En ese marco, cuestionó declaraciones del Presidente sobre la llegada de inversiones extranjeras y la regulación de los centros de datos y sostuvo que existe un proceso de apertura sobre recursos estratégicos.
“La semana pasada Milei se presentó ante Naciones Unidas y dijo que no vamos a regular sobre data centers, que no vamos a limitar a ninguna potencia extranjera para que venga a invertir. Estamos haciendo acuerdos con empresas y estamos cediendo soberanía”, afirmó.
La abogada también cuestionó que el Gobierno reivindique determinadas posiciones vinculadas con la soberanía sobre Malvinas mientras, desde su perspectiva, promueve una política de apertura sobre recursos y territorio.
“Se está discutiendo sobre nuestros recursos en tribunales extranjeros”, sostuvo.
Malvinas y las causas por torturas a soldados
La entrevista también permitió que Alonso expusiera otra de las causas que lleva adelante el CECIM: las denuncias por torturas cometidas contra soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.
Según explicó, existen recursos pendientes ante la Corte vinculados con esas investigaciones y recordó que el organismo también recurrió al sistema interamericano.
“Tenemos fallos pendientes en la Corte hace años sobre el tema de torturas cometidas por oficiales sobre soldados conscriptos. La Corte hasta el momento no ha dicho nada”, señaló.
Alonso mencionó además el antecedente de 2015 relacionado con una de esas causas y cuestionó que los expedientes continúen sin una resolución sobre el fondo.
“Se están muriendo las víctimas y los torturadores”, planteó.
Según relató, el CECIM también mantiene abierta una instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para la abogada, el reclamo por el reconocimiento de las denuncias de torturas forma parte de una disputa más amplia sobre la construcción del relato de Malvinas.
“Nosotros no hablamos de la guerra ni de la batalla. La discusión sobre la soberanía tiene que ser de manera diplomática y la cuestión de las violaciones a los derechos humanos tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.
Críticas al Museo Malvinas
Alonso también cuestionó modificaciones que, según afirmó, se realizaron en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Sostuvo que el espacio fue concebido originalmente desde una perspectiva que incorporaba la soberanía, la geografía, la flora y la fauna de las islas, además de la guerra y sus consecuencias.
Según su planteo, el museo atraviesa actualmente una modificación de ese enfoque.
“Hoy el Museo Malvinas hace poco nosotros también presentamos una carta documento porque sacaron la bandera de los cóndores, sacaron una posición de Plaza de Mayo”, afirmó.
También cuestionó la presencia de elementos vinculados con sectores militares y reivindicaciones de figuras asociadas con la dictadura.
Para Alonso, la disputa por la memoria de Malvinas no puede separarse de la discusión sobre los derechos humanos.
“Tenemos una gran batalla que a nosotros tampoco nos gusta hablar de la guerra ni de la batalla, porque la discusión sobre la soberanía tiene que ser de manera diplomática y sobre la cuestión de la violación a los derechos humanos tiene que ser una política de Estado”, insistió.
“Deberíamos ir a los dos lugares: a la Corte y al Congreso”
Sobre el final de la entrevista, Alonso volvió sobre el fallo de la Corte y planteó que la respuesta del CECIM debe darse tanto en el plano judicial como en el político.
“Deberíamos ir a los dos lugares: a la Corte y al Congreso. El Congreso lo tiene que tratar”, sostuvo.
La abogada insistió en que el Poder Legislativo todavía tiene una instancia pendiente frente al DNU 70/2023 y apuntó contra la demora en el tratamiento de una norma que, desde la perspectiva del CECIM, afecta la soberanía territorial.
El fallo de la Corte no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras ni analizó el fondo del DNU. Pero al revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, dejó nuevamente vigente el artículo 154 que había sido frenado judicialmente.
Para Alonso, el escenario obliga a profundizar la discusión política.
“Necesitamos pedirle a los representantes del pueblo que se junten y que traten el DNU”, concluyó.
