Un nuevo elemento de alta sensibilidad judicial y política sacude el entorno del jefe de Gabinete de la Nación. Bettina Julieta Angeletti, esposa de Manuel Adorni, solicitó formalmente su adhesión al régimen de regularización tributaria nacional conocido como “inocencia fiscal” (establecido bajo la Ley N.º 27.799), una maniobra administrativa ejecutada el pasado 31 de mayo de 2026.
El movimiento impositivo se concretó apenas días antes de que el ministro coordinador deba presentar su correspondiente declaración jurada patrimonial anual, y quedó asentado en los registros internos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que reemplazó a la AFIP—.
La constancia oficial de ARCA detalla que Angeletti aplicó para el blanqueo y sinceramiento correspondiente al período fiscal 2025. Bajo la normativa de la Ley 27.799, este mecanismo permite a los contribuyentes exteriorizar ingresos, bienes o activos que operaban en la "economía gris" (no declarados) sin enfrentar sanciones penales, multas de fondo ni la generación de antecedentes impositivos negativos.
La certificación posee vigencia legal hasta el próximo 9 de julio y se convertirá de forma inmediata en una pieza pericial clave dentro de la causa criminal por presunto enriquecimiento ilícito que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.
La brecha fiscal: Ocho años sin registrar IVA ni Ganancias
El historial impositivo de la cónyuge del jefe de Gabinete exhibe un desfasaje temporal sustancial que llamó la atención de los peritos de la justicia federal. Angeletti figura dada de alta en la actividad autónoma desde abril de 2017, inscripta en el rubro general de “actividades profesionales, científicas y técnicas”, desempeñándose durante casi una década bajo el régimen simplificado de monotributo.
Sin embargo, los registros oficiales revelan que no formalizó su inscripción en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto a las Ganancias sino hasta octubre de 2025. Esta regularización tardía se produjo cuando Adorni ya ejercía como funcionario público de primera línea del Poder Ejecutivo Nacional y ambos revestían formalmente la categoría jurídica de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Para los investigadores de Comodoro Py, la combinación entre la inscripción masiva de impuestos en octubre de 2025 y el pedido de "inocencia fiscal" de mayo de 2026 denota que la mujer habría operado comercialmente sin una registración tributaria plena y transparente durante años.
Por el momento, los detalles más específicos de la operatoria permanecen blindados:
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Monto bajo secreto: Al estar amparada por el secreto fiscal, la constancia de ARCA no hace públicos los montos totales de la regularización ni precisa qué tipo de activos (dinero en efectivo, cuentas o propiedades) fueron exteriorizados bajo la Ley 27.799.
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Falta de descargo: Ante las consultas periodísticas cursadas por LA NACION sobre la situación impositiva de su esposa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, optó por no emitir comentarios ni proporcionar explicaciones formales.
Radiografía de los bienes, deudas e hipotecas bajo la lupa judicial
La decisión de acogerse al sinceramiento fiscal se cruza con las pruebas y testimonios recolectados en el expediente judicial a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, donde se analiza la evolución patrimonial del matrimonio. La causa indaga sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias y flujos de efectivo que no guardarían correlación aparente con los ingresos declarados por la sociedad conyugal.
1. Las transacciones inmobiliarias y los créditos privados
El domicilio fiscal declarado por Angeletti se ubica en la Avenida Asamblea 1132 (piso 2, departamento A), propiedad que habitaban antes de encadenar dos millonarias operaciones inmobiliarias entre 2024 y 2025:
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El departamento de Caballito (2025): Adquirido por el matrimonio mediante un desembolso inicial de u$s30.000 en efectivo. El saldo remanente se financió mediante una llamativa hipoteca privada de u$s200.000 sin intereses, otorgada de forma directa por las vendedoras del inmueble, dos mujeres jubiladas.
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La casa del country en Exaltación de la Cruz (2024): Corresponde a una propiedad en el Golf Club Indio Cua, valuada en u$s120.000. El matrimonio replicó el esquema: pagó u$s20.000 en efectivo y suscribió una hipoteca por u$s100.000 con las vendedoras (una policía retirada y su hija). En sede judicial, las vendedoras testificaron que el jefe de Gabinete todavía les adeuda u$s70.000 de aquella operación realizada de palabra.
2. Refacciones en efectivo sin facturar y pasivos informales
La causa sumó testimonios de contratistas y desarrolladores que complican la estrategia de la defensa de Adorni:
Declaración clave: El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento ante la Justicia haber recibido de manos de Manuel Adorni la suma de u$s245.000 en efectivo y sin emisión de factura alguna en concepto de pago por las obras de refacción y remodelación integral de la vivienda del country Indio Cua. A esa erogación se le acoplaron u$s5.000 por el derecho de acceso al club de campo.
Asimismo, en el expediente consta una tercera deuda informal por u$s65.000 que Adorni mantendría con el desarrollador inmobiliario Pablo Martín Feijoo —hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito— sustentada exclusivamente en un "acuerdo de palabra".
3. Viajes internacionales y el desfase con las tarjetas de crédito
La investigación penal también puso bajo la lupa los gastos corrientes y de esparcimiento de la familia. La justicia documentó erogaciones por u$s27.658 en pasajes y estadías en el exterior (con destinos como Aruba, España y Punta del Este), sumados a u$s6.000 en una escapada turística a San Carlos de Bariloche y otros gastos de cabotaje.
El cortocircuito financiero más evidente surge del cruce de datos del Banco Central (BCRA) y los resúmenes bancarios reservados de la pareja durante el período fiscal 2025 que Angeletti acaba de blanquear:
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Consumos anuales en tarjetas: El matrimonio acumuló gastos plásticos por $85,1 millones durante 2025.
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Promedio mensual: Implicó un nivel de gasto de $7,1 millones por mes.
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Ingresos oficiales: En ese mismo lapso de tiempo, el sueldo bruto de Manuel Adorni como funcionario del Poder Ejecutivo promediaba los $3,5 millones mensuales, mientras su esposa figuraba inscripta únicamente bajo la categoría básica de monotributista.
La asimetría entre un flujo de gastos mensuales que duplicaba el salario bruto del jefe de Gabinete, sumado al manejo de cientos de miles de dólares en efectivo para refacciones y adelantos inmobiliarios, constituye el núcleo de la imputación por enriquecimiento que ahora se reactiva con la confirmación del acogimiento de la segunda línea de la sociedad conyugal al beneficio de la "inocencia fiscal".
