El fiscal general José Agüero Iturbe pidió formalmente a la Cámara Federal que reabra la investigación por el préstamo de US$ 57.100 millones otorgado por el FMI a la gestión de Mauricio Macri en 2018. La causa había sido archivada a principios de febrero
La presentación de Agüero Iturbe ratifica la apelación del fiscal federal Franco Picardi, quien sostiene que el cierre de la causa fue prematuro. Con este movimiento, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, debe decidir si el expediente regresa a la etapa de investigación activa.
El punto de mayor tensión política radica en que la fiscalía considera que la pesquisa ha madurado lo suficiente como para avanzar hacia las citaciones a indagatoria.
Los imputados en esta causa conforman el núcleo de la gestión económica de Cambiemos y, en varios casos, de la administración actual:
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Mauricio Macri: Ex presidente de la Nación.
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Luis Caputo: Actual ministro de Economía y ex presidente del BCRA.
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Federico Sturzenegger: Actual ministro de Desregulación y ex titular del BCRA.
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Nicolás Dujovne y Marcos Peña: Ex ministro de Hacienda y ex jefe de Gabinete, respectivamente.
Del "Acto Político" a la "Plataforma Criminal"
El conflicto judicial gira en torno a la naturaleza del préstamo. Mientras que la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa en febrero bajo el argumento de que se trató de una "decisión política no judiciable" y que no se acreditó un "deliberado propósito orientado a defraudar al erario público", la fiscalía sostiene una tesis diametralmente opuesta.
Para Picardi y Agüero Iturbe, existe una "posible plataforma criminal" que incluye abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Argumentan que se omitieron pasos administrativos críticos y mandatos constitucionales para la firma del acuerdo. Además, el fiscal Picardi subrayó en su apelación que "amerita, incluso, continuar con la pesquisa y avanzar hacia nuevas instancias procesales, como los llamados a indagatorias de las personas mencionadas”.
La sospecha sobre la "fuga" de capitales
Uno de los ejes más sensibles de la investigación es el destino de los fondos. La fiscalía busca profundizar en una posible administración fraudulenta, vinculada a la salida de divisas hacia el sector privado. Según el dictamen, existieron "relaciones viciadas que se desarrollaron entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el BCRA", señalando que diversas resoluciones permitieron transferencias de capitales que no formaban parte del propósito original del acuerdo con el organismo multilateral.
Agüero Iturbe concluyó que los fundamentos de la apelación "abordan con precisión y suficiencia los distintos aspectos de la cuestión controvertida", instando a la Cámara a que revoque el archivo. De prosperar este pedido, la situación procesal de los actuales ministros de Javier Milei podría entrar en una fase de extrema fragilidad, justo en momentos donde se negocia un nuevo programa con el mismo organismo.
