La jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, está contratada por el Gobierno de la Ciudad desde 2019 y, curiosamente, en el área del ministro Marcelo D’Alessandro, quien recientemente se tomó licencia de su cargo tras la filtración de escandalosos chats.
Es de público conocimiento que la magistrada ha cometido numerosas fallas durante la investigación, como por ejemplo cuando “se le borró” mágicamente el contenido del teléfono de Fernando Sabag Montiel apenas unos días después del atentado.
Desde que se abrió la causa, la misma ha presentado llamativos errores y parece no avanzar en ninguna línea de investigación. Es por eso que los abogados de la titular del Senado la recusaron semanas atrás.
Otro de los puntos erróneos de la causa es que ignoró los pedidos de avanzar sobre la llamada “pista Milman” que involucraba a un diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, muy cercano a Patricia Bullrich, que había sido visto de forma sospechosa días antes del intento de asesinato.
Ahora salió a la luz que la jueza Capuchetti, que rechazó su recusación para seguir al frente de la investigación, actualmente cobra un sueldo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, por lo que técnicamente es su empleada.
Además de su retribución correspondiente al cargo como jueza federal, también se le suma un ingreso de dinero en la Ciudad de Buenos Aires, según reveló esta tarde el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.
"La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", escribió en su redes sociales.
El ministro describió que la jueza Capuchetti “cobra un sueldo mensual de ‘investigadora’” en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP) cuyo vicepresidente es Juan Bautista Mahiques, fiscal general de CABA involucrado en el “vuelo del lawfare” a Lago Escondido.
Soria dejó bien en claro que “los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia”, por lo que la magistrada está incurriendo en un acto ilegal en un organismo al cual “no se le conoce una sola investigación ni publicación científica.
"El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", complementó el ministro.
Como si fuera poco, la jueza que “investiga” el atentado a Cristina Kirchner renovó su contrato con la Ciudad por todo el año 2023 en la categoría de “Investigadora Senior”, por lo que cobrará doce meses de sueldo de la administración porteña.
Teniendo en cuenta que los investigadores “Senior” están en llamado NIVEL E, el más alto de los rangos de sueldos del personal civil, la magistrada se llevará un aproximado de $213.961,27 todos los meses.
"Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py", sentenció el ministro Martín Soria en el hilo de Twitter.
