En el marco de la investigación por presunto lavado de activos y nexos con el narcotráfico, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general de bienes del exlegislador libertario José Luis Espert. La resolución, que tendrá vigencia por tres meses, se fundamenta en una serie de inconsistencias y faltantes detectados en sus presentaciones ante los organismos de control, vinculados a la causa que rastrea su relación con Fred Machado, sospechoso de liderar operaciones de tráfico de estupefacientes.
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El dictamen judicial se produjo tras el requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, encabezada por Fernando Domínguez. Según el Ministerio Público, la cautelar es indispensable para garantizar que el proceso judicial no se vea obstaculizado.
Al respecto, los investigadores señalaron: "La medida solicitada procura evitar cualquier modificación en el estado registral de los bienes en cuestión, ya sea su desaparición física o su adquisición por parte de terceras personas que pudieran invocar derechos sobre dichos bienes y causar un irreparable perjuicio al proceso".
Omisiones societarias y valuaciones bajo sospecha
El alcance de la medida no se limita al economista; afecta también a su cónyuge, María Mercedes González, y a la firma Varianza S.A. Las pesquisas fiscales determinaron que Espert no habría informado su participación en dicha sociedad, sumado a que se hallaron diversas discrepancias en la tasación de sus propiedades y activos declarados.
El eje central de la causa es el financiamiento recibido por parte de Machado, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en territorio estadounidense. La denuncia original, impulsada por el dirigente Juan Grabois, sostiene que el exreferente de La Libertad Avanza habría percibido una suma cercana a los 200 mil dólares del presunto narco.
Cabe recordar que este escándalo forzó el retiro de Espert de la contienda electoral bonaerense, donde encabezaba la lista de diputados provinciales. En aquel momento, trascendieron detalles sobre el uso de aeronaves privadas y presuntas contribuciones irregulares para el sostenimiento de su campaña.
La pista del exterior y posibles testaferros
La fiscalía subrayó que el flujo de fondos declarado por el exlegislador no guarda correlación con su patrimonio real. Entre los hallazgos más sensibles, mencionaron la “existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd”.
Asimismo, la lupa judicial se posó sobre Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert. Con solo 23 años y sin ingresos registrados que lo avalen, el joven figura como propietario de un vehículo valuado por encima de los 70 millones de pesos, lo que llevó a los peritos a identificarlo como un probable testaferro. Como consecuencia, sus bienes también han sido alcanzados por el congelamiento.
Contratos bajo sospecha
Si bien la ruta del dinero entre Machado y Espert aún no ha sido trazada íntegramente, el juez Mirabelli destacó la importancia de un convenio por servicios profesionales que el economista habría suscrito con Minas del Pueblo SA, empresa guatemalteca propiedad de Machado.
Sobre este documento, el magistrado advirtió: "Los elementos reunidos sugieren que dicho contrato podría constituir un instrumento hábil para intentar justificar -por adelantado- entregas de dinero posiblemente canalizadas por distintos medios".
