La Justicia de San Luis emitió una orden formal al Senado de la Nación para proceder al embargo del sueldo del senador por La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala.
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La medida, impulsada por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, busca cubrir una deuda que asciende a los 45 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales adeudados a la provincia puntana.
El oficio judicial, basado en la ley 22.172, ingresó este viernes por la mesa de entradas de la Cámara Alta. En el documento, el magistrado solicita “trabar un embargo ejecutivo en el porcentaje que la ley disponga” sobre los haberes del legislador, quien actualmente percibe un salario promedio de 11 millones de pesos mensuales. La ejecución de la orden quedará en manos de la presidencia del Senado, a cargo de Victoria Villarruel.
No se trata de un miembro más del Senado, Abdala es presidente provisional del cuerpo, ocupando el tercer lugar en la línea sucesoria presidencial.
La respuesta de Abdala: Denuncia de persecución política y críticas al "impuestazo"
Tras conocerse la noticia, Bartolomé Abdala se defendió asegurando que, aunque hasta el momento “no me notificaron nada” de forma oficial, el próximo lunes mantendrá una reunión con su equipo legal para definir la estrategia de pago.
No obstante, el senador vinculó el reclamo judicial directamente con la gestión del gobernador Claudio Poggi, calificando la situación como una maniobra para perjudicar su imagen de cara a los comicios provinciales del próximo año.
Abdala sostuvo que la medida es una “persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” contra su persona y el espacio de La Libertad Avanza. Según el dirigente, el mandatario provincial utiliza tácticas similares a las de gestiones anteriores para amedrentar a sus opositores. “Lamentablemente Poggi usa los mismos métodos que los Rodríguez Saá para perseguir a los opositores sin notificaciones, inspecciones ni nada”, agregó el legislador, quien también calificó la política fiscal vigente como un “impuestazo” que afecta a miles de ciudadanos.
Versiones cruzadas sobre la capacidad contributiva y la política tributaria
Desde la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) de San Luis rechazaron tajantemente las acusaciones de Abdala. La titular del organismo, Teresa Capiello, negó la existencia de un aumento desmedido de impuestos y explicó que el sistema se rige por la capacidad económica de cada ciudadano. “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”, precisó la funcionaria.
Capiello apuntó directamente contra la conducta fiscal del senador, señalando una contradicción entre su patrimonio declarado y sus deudas. “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, sentenció la directora. De acuerdo con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Abdala posee cinco inmuebles, tres vehículos y una fortuna estimada en 197 millones de pesos, bienes que, según la provincia, justifican plenamente su capacidad para estar al día con sus obligaciones tributarias.
